La República civil y democrática: Excepción a la constante histórica de la República militar y autocrática.

La República civil y democrática: Excepción a la constante histórica de la República militar y autocrática.

Una contribución contra la desmemoria de la historia. Publicado en soberanía.org, página clausurada por la narcodictadura militarista comunista terrorista en  septiembre del 2016, luego de la publicación de mi último artículo “El aprendizaje de la resistencia”.

Prof. Henrique Meier

Caracteriza a las repúblicas democráticas la alternabilidad de los jefes de Estado o presidentes que, a diferencia de los monarcas, no pueden mantenerse vitaliciamente en el poder, a excepción de las repúblicas donde imperan regímenes dictatoriales y totalitarios, como por ejemplo la Venezuela del primer tercio del Siglo XX, en la que Juan Vicente Gómez concentró el poder desde que lo asumió en 1908 hasta su muerte en diciembre de 1925 (27 años de poder dictatorial)[1].

En el continente americano los procesos de independencia de las nuevas naciones, desde los Estados Unidos de Norteamérica a la Argentina (siglos XVIII y XIX), se llevaron a cabo bajo el estandarte del republicanismo democrático-liberal y el rechazo a la forma monárquica de Estado. Ahora bien, por esas ironías del destino y la historia, en la mayoría de las sociedades nacionales latinoamericanas el señor Presidente (gobiernos presidencialistas) se convirtió, en la práctica, en un rey cuasi-absoluto sin corona. Octavio Paz en uno de sus numerosos ensayos  expresa al respecto:

“La realidad central en nuestros países, como en España, ha sido el sistema patrimonialista. En este sistema el jefe del gobierno –príncipe o virrey, caudillo presidente –dirige al Estado y a la nación como una extensión de su patrimonio particular, esto es, como si fuesen su casa”[2].

Y no es algo del siglo XIX, aquí en nuestro país, Hugo Chávez Frías, electo democráticamente en 1998 para un periodo de 5 años (Constitución de 1961), legitimado en el 2000 para un periodo de 6 años conforme a la nueva Constitución de 1999, reelecto en el 2006  de acuerdo con el artículo 230 constitucional y nuevamente en el 2012 con fundamento en la enmienda “inconstitucional “del mencionado artículo[3],  actuó hasta su muerte (¿marzo de 2013?) como un auténtico rey medieval: concentró en su persona las decisiones fundamentales  de los poderes nacionales  (actos de gobierno, presupuestarios, fiscales, financieros, legislativos, judiciales, electorales, etc.) y de la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, dispuso a su antojo del presupuesto nacional y de las reservas en divisas del Banco Central, y de la renta petrolera, donó a los gobiernos aliados de su fracasada revolución, sin control alguno, cuantiosos recursos financieros de la Nación, y parte de la producción petrolera. En pocas palabras: liquidó no sólo el principio de la separación de poderes que caracteriza al Estado democrático de Derecho, sino, también, el concepto institucional de la separación entre el patrimonio del Estado y el patrimonio del gobernante, disponiendo del primero como si fuere su propietario (neopatrimonialismo), destruyendo, de esa manera, uno de los rasgos institucionales que distingue al sistema político estatal del feudal.

Hugo Chávez Frías utilizó medios fraudulentos e inconstitucionales, básicamente el procedimiento de la reelección indefinida, para garantizar su permanencia vitalicia en el poder. Para ello contaba con el control absoluto del Consejo Nacional Electoral, del sistema electoral, y como antes destaqué, de todos los poderes públicos nacionales (Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, etc.), de la mayoría de las gobernaciones de estado y alcaldías municipales, y en fin, de  los recursos económicos del otrora Estado[4]. Sin embargo, el que se hacía llamar “Comandante-Presidente “no contaba con la muerte, de modo que sólo pudo permanecer 13 años como auténtico “dueño” del poder al sorprenderle un cáncer que lo llevó a la tumba en dos años.

También las repúblicas pueden ser clasificadas, en particular en Venezuela, conforme al criterio de algunos historiadores, como república militarista y república civilista o civil. A la primera, que ha sido la regla general en la historia del país desde 1830 hasta el presente, se la designa con ese calificativo por la preponderancia del componente “militar “en la titularidad y ejercicio del poder estatal, comenzando por la jefatura del Estado y del Gobierno, la Presidencia de la República, en cabeza de un militar: bien sea una figura caudillista (Páez, los Monagas, Guzmán Blanco, Cipriano Castro, Joaquín Crespo, Chávez, entre otros), o que carezca de esos atributos (Juan Vicente Gómez, Marco Pérez Jiménez); militar de carrera (a partir de la creación de la Escuela Militar en 1910: Pérez Jiménez, Chávez Frías), o que por su participación en la Guerra de la Independencia, en la Guerra Federal, y en general en sublevaciones armadas “exitosas” se le atribuya la condición de guerrero, o militar de hecho(Páez, los Monagas, Joaquín Crespo, Guzmán Blanco, Castro, Gómez: el título de General ganado por el supuesto arrojo personal en batallas).

Ahora bien, no es suficiente con que el Presidente de la República sea un militar para calificar de militarista a la República, es imprescindible la presencia del sesgo autoritario y por ende antidemocrático de esos regímenes, en su mayoría dictaduras, salvo los casos de los gobiernos de los generales Páez, López Contreras (autoritarios, pero no dictatoriales) y Medina Angarita (gobierno democrático, incluso legalizó al Partido Comunista). Asimismo, el militarismo[5] se expresa en la “concepción cuartelaría” de la sociedad, y por tanto, en los actos autoritarios: órdenes que deben ser obedecidas por la población bajo la amenaza de la coacción y represión. Por otra parte, en esa concepción el estamento militar se considera jerárquicamente superior a los civiles, o si se quiere, el ciudadano es subestimado.

 El discurso del poder se caracteriza por el lenguaje guerrero y contrario a la política, a los políticos y a los partidos políticos (la antipolítica: los militares como ejemplo de orden y disciplina, y los políticos de corrupción). Se utiliza la “teoría de la conspiración permanente”[6] por parte  de los “enemigos” externos e internos de la nación (quienes adversen el militarismo y la dictadura), y la doctrina de la “seguridad nacional”, para justificar la carrera armamentista o compra de armas de guerra. Las acciones de gobierno son “estrategias” y “batallas” para garantizar la seguridad nacional (o la revolución: Chávez Frías)[7].

Se exalta desmesuradamente el patriotismo(“patrioterismo”) mediante conmemoraciones de fechas patrias, básicamente batallas de la Guerra de la Independencia, culto a los héroes militares de la gesta libertadora, especialmente al Libertador, Simón Bolívar, desfiles militares para mostrar la disciplina de las fuerzas armadas y su potencial bélico, los himnos bélicos, el cambio de nombres de plazas, parques y avenidas originariamente designadas en homenaje a ilustres civiles por el de “héroes militares”. La república civil ha sido la excepción (el trienio adeco 1945-48, la democracia de partidos 1958-98), coincide con el experimento de instaurar en el país, con todas las dificultades derivadas del arraigado culto en el imaginario colectivo al caudillismo militar, el frágil sistema democrático sustentado en elecciones, en la subordinación del estamento militar a la jefatura civil del Estado: Presidente de la República, en el apoliticismo de las fuerzas armadas como organización institucional al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, y en su estricta función de garante de la soberanía territorial, la seguridad y defensa de la Nación, de la Constitución Nacional y las instituciones del régimen republicano.

¿Lograremos algún día consolidar definitivamente el modelo de República civil organizada con fundamento en los principios del Estado democrático de Derecho?

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[1]   El régimen dictatorial del general Juan Vicente Gómez se prolongó por 27 años, tiempo que puede ser clasificado en 3 etapas caracterizadas por las estrategias de poder, que ese sagaz personaje maquiavélico, sin mayor cultura, pero con una gran intuición en los asuntos de la preservación de su mando personal y absoluto, aplicó con maestría para mantener el control sobre la sociedad venezolana de ese tiempo. La primera etapa comprende los años 1908-1913 y se caracterizó por ser el período de su consolidación en la Presidencia de la República. Para ello,  enfrentó  las aspiraciones de retorno del derrocado Presidente Cipriano Castro, su amigo y compadre, a quien traicionó siendo Vicepresidente, aprovechando el viaje que hiciera Castro al extranjero para buscar cura a una enfermedad renal. Gómez también enfrentó a los políticos liberales amarillos y nacionalistas que integraban el Consejo de Gobierno y que eran adversarios a su reelección en los comicios de 1914. La segunda etapa: 1914-1922  se caracteriza por la presencia y actuación de 2 presidentes de “papel”, meras marionetas del jefe del país, puestas en ese cargo para simular el cumplimiento de las Constituciones del momento (también de papel). El primero, Victorino Márquez Bustillos, despachó desde el Palacio Miraflores con el  carácter de Presidente provisional, mientras el general Juan Vicente Gómez con los cargos de Presidente constitucional electo y Comandante en Jefe del Ejército, ejercía el poder real desde su residencia en Maracay. Allí iban el Presidente provisional y los ministros a rendirle cuentas al Jefe supremo, a recibir sus órdenes, y por supuesto adularlo no fueran a caer en desgracia. Gómez los recibía  usualmente acostado en su hamaca con su mutismo de hombre cerrero y desconfiado, de pocas palabras, pero de ilimitada malicia y crueldad. En el tercer período, 1922-1935, el General se hace reelegir, por tercera vez, Presidente constitucional y Comandante en Jefe del Ejército, y desempeña esas funciones hasta la finalización del Septenio en 1929, cuando hace aprobar una reforma constitucional separando los cargos de Presidente y de Comandante en jefe del Ejército, para reservarse el ejercicio del segundo, recomendando, es decir, ordenándole al Congreso Nacional, la elección del “jurista” Juan Bautista Pérez como Presidente de la República (otro títere más, Presidente de “papel”) quien, de acuerdo con las disposiciones del “nuevo” texto constitucional, tenía que compartir sus funciones con el comandante en jefe del Ejército. En 1931, a raíz de una crisis de poder y familiar protagonizada por su tío, José Rosario García, el Congreso Nacional solicita la renuncia al Presidente Pérez, aprueba una nueva reforma constitucional mediante la cual vuelven a unirse los cargos de Presidente de la República y de Comandante en jefe del Ejército y reelige a Juan Vicente Gómez, por cuarta y última vez. Vid, http://www.monografias.com/trabajos82/gobierno-juan-Vicente Gómez. Se recomienda el libro de Manuel Caballero (1995). Gómez, el tirano liberal.  Monteávila. Caracas. 

[2] Paz, Octavio (1983). Tiempo Nublado. Seix Barral, Barcelona p. 169

[3] En efecto, el 15 de febrero de 2009 mediante referendo se aprobó con el 54 % de los votos, según el ministerio de elecciones (Consejo Nacional Electoral), la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución formal con la finalidad de permitir la postulación de cualquier cargo de elección popular de manera continua. A Chávez le interesaba únicamente la enmienda del 230 que se refiere a la reelección del cargo de Presidente, pero disfrazó su obsesiva ambición de poder presentando la enmienda a ese Artículo conjuntamente con los otros que regulan la reelección de los gobernadores de Estado (160), los Consejos Legislativos de los Estados (162), los alcaldes municipales (174) y los diputados de la Asamblea Nacional (192). Como el brillante y finado historiador Manuel Caballero comentó en diversas oportunidades en su artículo semanal en el diario “El Universal”, el único interés de Chávez Frías era mantenerse vitaliciamente en el poder (lo logró), pero para ello necesitaba de una ideología legitimadora de su ambición. Su encuentro con Fidel Castro después de haber sido liberado de la cárcel (1994) por el sobreseimiento incomprensible del Ex Presidente Caldera, fue decisivo para la formulación del discurso de la “revolución bolivariana” y el “socialismo del Siglo XXI”. Entendió que la aplicación de esa nefasta ideología conducía al empobrecimiento generalizado del país con las estatizaciones y confiscaciones de empresas para destruir la producción interna y el empleo privado, y así lograr que progresivamente la población fuera dependiendo de las dádivas del “Estado” (populismo y clientelismo). Murió antes de poder presenciar el actual descontento colectivo contra ese “proyecto” de destrucción nacional.

[4] Ya vimos en el pie de página precedente, 3, cómo el 15 de febrero de 2008 por medio de referendo consultivo se aprobó la enmienda constitucional que establece la reelección indefinida, no obstante que en el referendo de 2007, con motivo del proyecto de reforma constitucional, esa propuesta, como la totalidad del proyecto, había sido rechazada por la mayoría del electorado. De acuerdo con la constitución formal el objeto de la  “enmienda” modificó un principio fundamental del régimen democrático: la alternabilidad o alternancia en el poder; por tanto, exigía del procedimiento de reforma y no de enmienda. Por otra parte, la Constitución prohíbe presentar en un mismo periodo constitucional una propuesta de reforma que ya hubiere sido rechazada mediante referendo consultivo. En consecuencia, esa enmienda es inconstitucional.

[5]Fernando Mires señala en uno de sus ensayos “El Dictador” que: “La destrucción de la política comienza donde aparece su militarización. La militarización a su vez emerge cuando aparece un enemigo que supuestamente amenaza la integridad de la nación. Este es el momento en que la política retrocede y da lugar al estado de guerra que es, casi por definición, excepcional. Luego la dictadura no es sólo militar sino, por lo mismo, bélica. En cierto modo toda dictadura es una declaración de guerra del Estado a la nación políticamente constituida. No obstante, eso no lo puede decir públicamente un dictador, de ahí que el dictador legitime su dictadura como parte de una misión histórica que sólo él y nadie más  que él puede cumplir. La misión a cumplir es la lucha contra de un gran enemigo histórico. Más, no se trata de cualquier enemigo. El enemigo del dictador ha de ser un enemigo omnipresente que mientras más omnipresente sea, más necesaria será la dictadura” (Versión PDF, publicada en soberania.org).

[6]“Donde existe un tirano- escribe Bobbio- hay un complot, y si no lo hay, se inventa. El conjurado es la necesaria figura del tirano. Cómo estaría feliz y contento el tirano si el poder sombrío que lo amenaza no se escondiese en cualquier rincón del palacio, hasta dentro de la sala del trono, tras sus espaldas. En una de sus últimas narraciones, Calvino describe al “rey escuchando”, sentado en una poltrona, inmóvil, donde le llegan todos los rumores, hasta los más insignificantes, de la regencia, y cada murmuración es una advertencia, un signo de peligro, el indicio de quién sabe qué sublevación…El estalinismo puede ser interpretado como el descubrimiento que el tirano hace, y sólo él, del universo como inmenso complot, como la realidad profunda del mundo, que domina la apariencia de la que únicamente el tirano desenmascara la inconsistencia liberando a los simples mortales del miedo del reino de las tinieblas”. Bobbio, Teoría Política, opus cit. pp. 434-435.

[7]Sobre ese tema, creo conveniente citar el artículo de José Rafael López Pino publicado en soberanía.org,  “Control militar del Estado”: “La Doctrina de la Seguridad Nacional sirvió de referente teórico, de pretexto político y de arsenal ideológico a los regímenes militares de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, a fin de prevenir las revoluciones, así como de liquidar al llamado “enemigo interno”. La Doctrina de la Seguridad Nacional fue la sistematización del nuevo rol de las fuerzas armadas en Latinoamérica. Se modificaba su misión de garantizar la defensa del territorio nacional, para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno…Paradójicamente, el socialfascismo bolivariano, proyecto que se autocalifica de progresista, revolucionario y hasta socialista, ha revitalizado esta doctrina reaccionaria…evidenciando su carácter bastardo y falaz, cuyo cacareado socialismo no pasa más allá  de ser un slogan electoral para engañar ingenuos. El fallecido tt. Coronel en repetidas ocasiones apeló a la doctrina militarista a fin de justificar el asalto de las instituciones estatales y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos por parte de “su amada fuerza armada”. La aplicación de esta doctrina pasa necesariamente por el control militar del Estado, la militarización de la seguridad  pública y de la sociedad, el posicionamiento del componente militar en el centro de la sociedad, el etiquetamiento de las luchas sociales como manifestaciones subversivas, así como el tutelaje por parte del estamento militar de toda lucha reivindicativa. Constituye un enfoque de la problemática político- social desde una óptica eminentemente militar. Ignorando la realidad del país, dividido en dos mitades, los milicos fachochavistas se consideran depositarios exclusivos de la representación popular y se otorgan el rol de garantes y salvadores de la soberanía de la nación. A fin de cumplir esta “noble misión histórica” apelan a la tesis del amigo-enemigo del nazista Carl Schmitt ya un perverso terrorismo de Estado. Utilizan con rígida lógica militar la concepción “amigo-enemigo “para crear el concepto del “enemigo interno”, transformando así al adversario político en enemigo, al cual hay que eliminar. Justifican de esta manera la sistemática violación de los derechos humanos y el uso indiscriminado de las armas a fin de “pulverizar “a la disidencia política. Como parte de la dicotomía “amigo-enemigo” el gorilato bolivariano y su títere Maduro han institucionalizado un nefasto terrorismo de Estado y una miserable violencia política. Terrorismo de Estado que se ha traducido en un total desconocimiento del derecho a la vida y a la libertad personal, al uso del andamiaje jurídico a fin de coaccionar o castigar a la disidencia política, al hostigamiento y la represión militar-paramilitar en medio de la más absoluta impunidad. Terrorismo de Estado que adopta el sigilo, el ataque por sorpresa, las prácticas delictivas, la infracción del propio orden jurídico que dicen defender. Recurren al asesinato cuidadosamente planificado y ejecutado para eliminar la sospecha de su carácter político. Terrorismo que no solo identifica y elimina al enemigo, sino además busca convencer al ciudadano común que su integridad física está supeditada a su incondicionalidad frente al régimen. El objetivo es por demás tácito: desmoralizar y aplastar a la disidencia política a fin de perpetuarse en el poder. Prueba de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional y del establecimiento del control militar del Estado lo constituyen tanto la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (Lodofat) y la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa). La Lodofat fue aprobada por el socialfascismo bolivariano a fin de criminalizar y judicializar las luchas del movimiento popular venezolano. Manifestaciones callejeras, tomas de establecimientos, huelgas, y pintas contra edificios públicos, entre otros, son calificados, según esta ley, como actos terroristas. Por su parte el Cesppa constituye un organismo que dependerá, directamente del conserje de Miraflores y que tiene por objeto unificar el flujo informativo sobre los aspectos estratégicos sensibles que estipule arbitrariamente el Estado”.