Un régimen delincuente

Un régimen delincuente (extracto de mi libro Seguridad, Estado, Sociedad y Derecho. Homero, Caracas, 2004).

Henrique Meier.

Las afirmaciones contenidas en ese libro fueron tildadas de exageradas por personeros de la “oposición oficialista” del momento.

“Según el jurista español Gregorio Peces-Barba (3):“La ilegitimidad de ejercicio es la justificación dinámica del poder, mientras que la de origen...es la justificación estática. Esta última contempla el problema en el nacimiento del poder y la de ejercicio durante la actividad del poder en el tiempo. En este segundo momento de la legitimidad del poder, la presencia del Derecho es aún más central y decisiva. Se racionaliza, se somete a  límites y se organiza el ejercicio del poder, y el instrumento es el Derecho...en una tradición que arranca de San Agustín y que se prolonga en el tiempo hasta Kelsen, es en el ámbito de la legitimidad de ejercicio donde se puede diferenciar el poder jurídico de los mandatos de una banda de ladrones. En la teoría de la legitimidad legal-racional de las sociedades democráticas se pueden distinguir diversos ámbitos vinculados a las formas de actuación del poder y a los objetivos o fines que pretende alcanzar. Si nos situamos en las formas o procedimientos encontramos los siguientes criterios para evaluar la legitimidad del poder: a) Organización del poder: Reglas para el reclutamiento de los miembros de los órganos y de las instituciones, competencias y ámbito de validez de las mismas, procedimientos para el ejercicio de las competencias; b) Límites al poder: Sometimiento a la ley y al derecho, separación de poderes, respeto a los derechos fundamentales; c) Garantías frente al abuso de poder: Control Judicial y garantía de la Constitución en el Poder Judicial”.

Cabe destacar que la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realizó una visita “in loco” al país entre el 6 y el 10 de mayo de 2002, con el objeto de evaluar la situación de los derechos humanos a raíz de los sucesos del 11 de abril y días subsiguientes, dejó consignada en un informe preliminar su honda preocupación por la existencia de claros indicios de violación a la Carta Democrática Interamericana por parte del régimen que lidera Chávez Frías, y por tanto, de evidencias de ilegitimidad de desempeño del mismo. Esas conclusiones se fundamentan en los mismos criterios expresados por el profesor Peces Barba, para diferenciar entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio:

 

“62. La principal fuente de legitimación democrática es la otorgada por la voluntad popular expresadas en elecciones libres, periódicas y universales. Sin perjuicio de ello, las elecciones por sí mismas no constituyen elementos suficientes para asegurar una plena vigencia de la democracia. Como lo señala la Carta Democrática Interamericana son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales: el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho...el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Asimismo, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto de los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa...En este contexto, el funcionamiento de un Poder judicial independiente e imparcial como garante de la protección de los derechos humanos, como vehículo para la obtención de justicia por parte de las víctimas y como órgano de fiscalización y control del accionar de los otros poderes del estado es fundamental para un Estado de Derecho...66. La CIDH considera que la falta  de independencia del Poder Judicial, las limitaciones a la libertad de expresión, el estado deliberativo en que se encuentran las Fuerzas Armadas, el grado extremo de polarización de la sociedad, el accionar de los grupos de exterminio, la poca credibilidad de las instituciones de control debido a la incertidumbre sobre la constitucionalidad de su designación y la parcialidad de sus actuaciones, la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad, representan una clara debilidad de los pilares fundamentales de la existencia del Estado de Derecho en un sistema democrático en los términos de la Convención Americana y de la Carta Democrática Americana. Por ello la Comisión urge el fortalecimiento del Estado de Derecho a la brevedad posible...67. En la situación actual en Venezuela, la protección internacional de los derechos humanos adquiere relevancia aún más fundamental. En tal sentido, resulta especialmente importante que el Gobierno del Presidente Chávez y los demás órganos del poder público cumplan de manera integral con las decisiones y recomendaciones que adoptan los órganos del sistema interamericano”.

Transcurridos siete meses de ese informe preliminar, la CIDH en un comunicado de prensa del 12 de diciembre de 2002 (N° 47/02) “urge a los Estados miembros de la OEA a tomar acciones inmediatas para detener el progresivo deterioro del Estado de Derecho en Venezuela”. Resalta ese comunicado que “desde la visita hasta la actualidad la situación ha empeorado progresivamente. En primer lugar, la Comisión desea expresar su más profunda preocupación por el aumento significativo de ataques sistemáticos contra los defensores de los derechos humanos que, directa o indirectamente, les impiden o dificultan sus tareas...Asimismo, la Comisión ha registrado un aumento progresivo de los ataques contra medios de comunicación y periodistas, particularmente contra aquellos que cubren eventos y concentraciones políticas. Los periodistas, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de la prensa han sido blanco directo de agresiones y hostigamiento. Los incidentes registrados abarcan entre otros, el asesinato de un periodista; ataques a la integridad física, incluidos heridos de bala, amenazas; la toma, saqueos y destrozos de las instalaciones de medios de comunicación, tales como los realizados el pasado 9 de diciembre por grupos adeptos al Gobierno en Caracas e importantes ciudades del interior...La Comisión condena enérgicamente el uso de la violencia contra diferentes sectores de la sociedad mediante disparos indiscriminados sobre manifestantes...La Comisión expresa su preocupación por el surgimiento de grupos civiles armados que ejercen la violencia política, así como por la impunidad con la que operan. Inclusive, algunos de estos grupos parecen gozar de cierta protección por parte de ciertas autoridades...Preocupa a la CIDH la “intervención” por parte del Gobierno central de la policía metropolitana de Caracas que estaba bajo la autoridad de un adversario político, sin dar razones apropiadas para una decisión de dudosa legalidad. Tal medida ha contribuido a agravar la inseguridad ciudadana en la ciudad...la CIDH ha otorgado durante el presente año 12 medidas cautelares para proteger los derechos a la vida, integridad personal y libertad de expresión, entre otros, de defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, diputados, víctimas de los sucesos del 11 de abril, así como testigos y familiares de las víctimas de grupos parapoliciales. Debido a la falta de cumplimiento de las medidas por parte del Estado, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales a favor de miembros de la organización no gubernamental de derechos humanos COFAVIC, del medio de comunicación RCTV y de víctimas de grupos parapoliciales que operan en el Estado Falcón...Con el propósito de colaborar con el Gobierno y la sociedad venezolana en su conjunto y de cumplir con su mandato, la Comisión tenía previsto llevar a cabo una serie de visitas de seguimiento; sin embargo, pese a la invitación abierta recibida del Presidente Chávez y del Vicepresidente Rangel, así como a las insistentes solicitudes del CIDH, el Gobierno de Venezuela se ha negado sistemáticamente a fijar fechas para la realización de dichas visitas”.

Si aplicamos los criterios  señalados por Peces Barba para determinar la legitimidad de ejercicio o actuación de un gobierno en el marco de los principios y valores del modelo de Estado democrático de Derecho,  los cuales figuran en la Carta Democrática Interamericana con el carácter de parámetros para evaluar ese tipo de legitimidad de los gobiernos de la Región, el régimen de Chávez Frías es un poder ilegítimo, de facto, cercano al de una banda de antisociales en la expresión  del jurista español . Un régimen que podría ser calificado de delincuente, ya que es público y notorio cómo la mayoría de los actos de Chávez Frías y su camarilla configura hechos punibles previstos en el ordenamiento jurídico. Delitos de lesa humanidad o la persecución, hostigamiento, agresión y el asesinato perpetrado por los cuerpos armados al servicio del régimen sobre la parte de la población que le es adversa, con la finalidad de disuadir y eliminar la resistencia por el temor que produce el terrorismo de Estado (el 11 de abril, el 4 de noviembre y el 6 de diciembre de 2002; el 3 de enero, el 1 y el 24 de mayo de 2003). Delitos contra el patrimonio público: peculado, peculado de uso, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, etc. Delitos contra el honor, el buen nombre y la honra de muchos de sus opositores, víctimas de calumnias, injurias y difamación. Propaganda de guerra e instigación al delito. Abuso sistemático de poder, como los “allanamientos” ejecutados por la “guardia nacional” en empresas privadas por orden del jefe de la revolución por supuesto acaparamiento de productos de primera necesidad, en los que se violaron los procedimientos de ley, además de los derechos humanos de trabajadores y personas de la sociedad civil que se opusieron a esas medidas, maltratados, lesionados en su integridad física y moral, y se incurrió en el delito de robo con violencia y fractura, aparte de la violación al derecho de propiedad privada, y la garantía constitucional de la inviolabilidad de todo recinto privado de persona. La confiscación ilegal del armamento de las armas de la Policía Metropolitana por parte de miembros de lo que fue el ejército y la guardia nacional, instituciones transformadas, como ya subrayamos, en huestes armadas al servicio del jefe del régimen delincuente, la explosión de bombas en las sedes de la embajada de España y del Consulado de Colombia (25 de febrero de 2003), dos días después de las agresivas declaraciones del jefe de la banda revolucionaria contra los gobiernos de ambos países por sus severas críticas contra el régimen, etc., etc.

 Tal es el proceder ordinario de los personeros de un régimen caracterizado, reiteramos, por la masiva y sistemática violación a los derechos humanos y a los principios y garantías que definen  las bases axiológicas mínimas de un auténtico Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. El enunciado del artículo 2 de la Constitución: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, es pura palabrería hueca, vacía, sin correspondencia con la cruda realidad. En la expresión del recordado constitucionalista larense, Don Ambrosio Oropeza, “una Constitución inauténtica o de papel”. Difícilmente dicho régimen pueda ser analizado de acuerdo con los principios y metodologías de la Ciencia Política, la Economía, y el Derecho Público, es menester auxiliarse con los conocimientos que brindan la Criminología, la Psiquiatría y el Derecho Penal.

 A ese rasgo de ilegalidad se refiere el periodista Francisco Olivares en su columna del diario El Universal “Puerta Franca”, en su edición del 18 /01/2003 (p 1-7), “La vía violenta”: “Hasta hace unos meses Chávez se había mantenido en una línea que bordeaba la legalidad, en una frontera esponjosa en la que sus actuaciones se podían enmascarar: Aun violando las leyes y la Constitución se enfrentó al “enemigo político” con discursos encadenados, tergiversando y justificando su conducta fuera de la ley y camuflando las agresiones y violaciones a los derechos humanos, en manos de terceros, aparentemente inconexos con el gobierno. En las últimas semanas las sutilezas de los primeros tiempos dieron paso a la confrontación abierta de manera violenta... Además de los asesinatos, conocidos desde el 11 de abril, 4 de noviembre, 6 de diciembre y 3 de enero, ya tenemos presos sin el debido proceso y desconociendo decisiones de los tribunales competentes. Se han llevado adelante procesos militares que contravienen al Máximo Tribunal de Justicia. Hay secuestrados y torturados por la Disip. Como el caso del estudiante Jesús Soriano. Se han producido numerosos casos de intoxicados con gases lacrimógenos no permitidos internacionalmente, este tipo de gases ha sido utilizado también por civiles armados por el Gobierno...la intervención de la Metropolitana, el robo del armamento y el desmantelamiento del centro de inteligencia forman parte del “paquete” de acciones al margen de la ley que ha protagonizado el Gobierno en los últimos meses, con la idea de destruir  a un cuerpo policial que ha sido clave tanto en la identificación y recolección de pruebas de los asesinatos de los grupos violentos como en la protección de las grandes movilizaciones de los opositores”.

En cuatro años Chávez Frías y sus secuaces  desmantelaron la obra de varias generaciones de insignes venezolanos ( políticos, empresarios, académicos, gerentes públicos, intelectuales, trabajadores, profesionales, técnicos), que desde 1908 hasta 1998, en ese lapso de 90 años, se dedicaron a organizar, modernizar, profesionalizar, tecnificar, democratizar y descentralizar al Estado-nacional; en pocas palabras, a institucionalizar la estructura del poder público a pesar  de las limitaciones históricas provenientes del pasado caudillista, militarista y populista, las creencias y prácticas expresivas del poder como atributo personal (carisma) del caudillo de turno. Fue una ardua tarea histórica llena de enormes dificultades. Pasar de la legitimidad carismática del poder o de su forma pre-estatal, a la legitimidad institucional o su forma estatal, vale decir, el proyecto articulado a realizar la “despersonalización” de la titularidad y ejercicio del poder político, implicó luchar contra el pasado anárquico y disolvente del siglo XIX, las tradiciones y costumbres políticas y el inconsciente colectivo presto, ante las dificultades propias de cualquier sociedad, a buscar al líder capaz de “salvar al país”.

Un pueblo que en lugar de confiar en las instituciones se había acostumbrado a poner sus esperanzas en el “cesar democrático”. Y como es lógico,  un pueblo preso en el círculo vicioso de la esperanza, la decepción y el rechazo. Al decir de Delfín Aguilera en un lúcido ensayo escrito a principios del Siglo XX “Venezuela 1900”, en el que describe los personajes claves de la vida política, social y económica de la sociedad venezolana de la época, arrasada por las guerras civiles, la pobreza y las enfermedades endémicas, el Presidente de la República es el hombre que al conquistar el poder, bien por las armas o por las urnas, se convierte en el personaje más aclamado, admirado y adulado del país, sobre él convergen todas las miradas, en él se depositan todas las  esperanzas mesiánicas para salvar y redimir al pueblo del gobierno o del régimen anterior, pero que al poco tiempo y ante la evidente imposibilidad para un hombre de resolver los males de la “Nación”, se inicia la etapa del desencanto, y al final, cuando es derrotado en las urnas o expulsado del poder por vía de las armas, es la persona más vituperada de la nación, el culpable de las desgracias del país. Y dice este venezolano cuyos huesos fueron a parar a la mazmorra de la Rotunda por orden de Cipriano Castro “el Presidente de la República en Venezuela es la cloaca por donde desaguan las inmundicias de la sociedad venezolana”.

De manera que ese proceso de  institucionalización de la titularidad y ejercicio del poder político y de las relaciones que se derivan del mismo, es decir, las relaciones políticas o de poder, siempre estuvo amenazado por el fantasma de la anticultura caudillista. Pero, no obstante los veintisiete años de la autocracia gomecista y los diez años de la dictadura militar perezjimenista, y aunque en esas etapas no podía hablarse de Estado democrático de Derecho, hay acuerdo entre los historiadores, politólogos y juristas en que el Estado como estructura institucional de fines, sistemas, procedimientos y funciones prevaleció por encima de las actuaciones despóticas, arbitrarias, autoritarias y autocráticas de ambos dictadores.

Pues bien, el actual régimen desarticuló esa estructura institucional, destruyó los sistemas, funciones y procedimientos institucionales creados y organizados a lo largo de 90 años: aquellos asociados a la existencia del Estado, independientemente de su connotación axiológica, autoritario o democrático de Derecho: el sistema de la seguridad y defensa de la nación, el sistema policial o de seguridad ciudadana, el sistema de la Hacienda Pública Nacional, el sistema  presupuestario, de la  contabilidad pública, del control de gastos e ingresos, el sistema tributario, el sistema de obras y servicios públicos, el sistema de personal o las normas sobre ingreso, ascenso y retiro de los funcionarios públicos, el sistema de datos y estadísticas nacionales, el sistema de planificación, el sistema de gobierno y administración pública, el sistema económico. Y aquellos inherentes al Estado democrático y social de Derecho de carácter constitucional: el sistema electoral para garantizar el ejercicio de la soberanía popular (la legitimidad de origen de las autoridades estatales), el sistema de la legalidad o el ejercicio de las potestades públicas conforme a las normas establecidas en la Constitución y las leyes, el sistema de la separación de poderes, en particular la autonomía e imparcialidad del poder judicial, el respeto a los derechos humanos, el sistema de control judicial de los actos de los poderes públicos, el sistema de obras y servicios de naturaleza social ( viviendas, empleos, educación, salud, seguridad social), el sistema de responsabilidad institucional y personal por el ejercicio del poder público, el sistema parlamentario; en fin, el sistema jurídico como garante de la legitimidad de los otros sistemas. Esos sistemas, funciones y procedimientos sólo existen a escala formal, en el papel, y en la retórica del régimen. En la práctica reina la pura voluntad personal, arbitraria, autocrática del jefe de la banda de antisociales que, lamentablemente, se apoderó del poder por medio del sufragio en un momento de estupidez y ceguera colectivas”.