Militares y masacres del oro en Venezuela, Ibsen Martínez, elpais.es

LE FALTÓ A IBSEN SEÑALAR LA PRESENCIA DE MÁS DE 30000 CUBANOS, ASÍ COMO IRANÍES, SIRIOS, RUSOS, CHINOS APOYANDO A LA NARCODICTADURA MILITARISTA COMUNISTA TERRORISTA QUE NO SÓLO DESTRUYÒ LA ECONOMÍA, LA SOCIEDAD, AL ESTADO Y LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA, QUE PERSIGUE, ENCARCELA, TORTURA Y ASESINA A MIEMBROS DE LA RESISTENCIA, MATA DE HAMBRE AL PUEBLO, PROVOCA LA HUÍDA DESPAVORIDA  DE NUESTROS COMPATRIOTAS ANTE EL AVANCE DEL HORROR, SINO QUE TAMBIÉN DESTRUYE EN FORMA IRREVERSIBLE EL CORAZÓN ECOLÓGICO DE NUESTRO PAÍS. EN ESTE BLOG PUBLIQUÉ UN RECURSO CONTRA EL DECRETO DEL ACTO MINERO DICTADO POR EL SÁTRAPA MADURO., OJALÁ TENGAN TIEMPO DE LEER ALGUNOS DE LOS ARGUMENTOS ALEGADOS CONTRA ESE ACTO REPRESENTATIVO DEL DESPRECIO DEL RÉGIMEN AL PAIS Y SU GENTE, EN ESE CONTEXTO NO ENTIENDO CÓMO TODAVÍA SE RECHAZA LA POSIBILIDAD DE UNA INTERVENCIÓN MILITAR.

Según varios observatorios de la actividad militar en el globo, tales como la privada Red de Seguridad y Defensa de América Latina, las fuerzas armadas venezolanas se estiman en unos 365.000 efectivos y más de 1.000 generales en activo.

Con una población calculada en 31 millones de habitantes, la proporción entre generales y ciudadanos venezolanos es de un general por cada 31.000 personas decentes.

En marzo pasado, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, integrante de una respetada red mundial de lucha contra la corrupción, informó que de los 34 ministerios creados por la revolución bolivariana desde 1999, los militares están al frente de 14 de ellos, incluyendo Defensa, Interior, Petróleo y Minería, Agricultura y el notoriamente inepto y corrupto ministerio de Alimentación. Un general detenta la presidencia de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otros seis las gobernaciones de los Estados más populosos de los 24 en que, políticamente, se divide el país.

Siempre según cifras aportadas por Transparencia Venezuela, más de 11.000 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se hallan, de una u otra forma, en posiciones de poder y, de acuerdo con Control Ciudadano, otra ONG que escudriña el opaco mundo castrense venezolano, la participación de los militares en el Gobierno alcanza ya un 43,7%.

Vistas esas cifras, la responsabilidad de los militares en el desplome de la economía que ha precipitado la tragedia humanitaria venezolana es, pues, indiscutible. Su hegemonía en todos los ámbitos de gestión pública susceptibles de ser saqueados con ya probada absoluta impunidad se acrecentó con la creación, en 2016, del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO).

La propaganda bolivariana describe al AMO como una zona de desarrollo estratégico destinado a “romper con el rentismo petrolero”. Nicolás Maduro anunció, al crear el AMO, la participación de 135 compañías internacionales.

El AMO abarca un área de 111.843,70 kilómetros cuadrados, es decir, el 12,2 % del territorio venezolano, más del doble de lo que ocupa la faja petrolífera del Orinoco. Se extiende al sur del gran río, desde el norte del Estado Bolívar hacia el noreste del Estado Amazonas y parte del Estado Delta Amacuro. La región se corresponde groseramente con la del mítico reino de El Dorado que obsesionó a Sir Walter Raleigh en sus exploraciones, a fines del siglo XVI. Diversas fuentes estiman las reservas mineras del AMO en unas 7.000 toneladas de oro, cobre, diamantes, hierro, bauxita y el invalorable coltán. Inmediatamente después de su creación, comenzaron las matanzas de civiles dedicados a la minería ilegal.

Entre enero y septiembre de 2017, la prensa regional registró hasta 61 mineros informales asesinados en cinco municipios del Estado Bolívar. El portal Insight Crime logró atribuir, sin lugar a dudas, 40 de esas muertes a las fuerzas militares venezolanas.

La escalada de violencia criminal asociada a la minería había comenzado en marzo de 2016, con la desaparición y ejecución de 28 mineros venezolanos en Tumeremo, municipio aurífero donde, hace dos semanas, volvió a registrarse una matanza con saldo de al menos 7 víctimas.

Lugareños y diputados de la región ante la Asamblea Nacional dicen que los asesinatos sugieren una operación de exterminio de la minería informal presuntamente exigido por las transnacionales del oro atraídas por Maduro. Esta vez, lo acontecido en Tumeremo dejó ver que la bárbara lucha por el control de las minas incorpora nuevos actores amados.

Uno de ellos son los llamados trenes, aguerridas bandas criminales comandadas por líderes, a su vez llamados pranes, salidos todos de las dantescas cárceles venezolanas y luego cooptados por generales de la Guardia Nacional, la aborrecida policía militarizada. El otro bando en pugna es el inefable ELN (Ejército Nacional de Liberación) colombiano, obrando como subcontratista de los generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pranes y elenos actuarían como agentes de retención del diezmo que los generales venezolanos cobran a los mineros ilegales.

La codicia homicida de este paralelogramo de fuerzas deja ver el grado de envilecimiento moral del sector militar venezolano, el único sostén real de la dictadura de Nicolás Maduro.

Que aún haya opositores demócratas que lo esperen todo de mitológicos militares restauradores de la democracia civil y regeneradores de la moral pública es el más terco resabio del militarismo hondamente arraigado en el alma venezolana desde 1830.

@ibsenmartinez

El referido Decreto, aunque no lo exprese en su motivación, se basa en el anacrónico concepto de la soberanía estatal ilimitada sobre los recursos naturales y bienes ambientales en general existentes en el territorio nacional, sin considerar la declaración principista del Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que califica al equilibrio ecológico y  los bienes jurídico ambientales del territorio nacional como “patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”, de manera que esa declaración compromete la responsabilidad del Estado venezolano (poder constituido) respecto de la utilización que lleve a cabo o autorice sobre unos bienes que el propio poder constituyente originario ha considerado como un patrimonio común no sólo de los venezolanos de las actuales y futuras generaciones (Art, 127 CRBV), es decir, de la nación venezolana, sino de la humanidad en su conjunto.

 El constituyente ha plasmado así una filosofía jurídico-ambiental que se funda en el concepto, de indubitable fuerza científica, del carácter holístico o sistémico de los bienes, factores, recursos y procesos que conforman la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, vale decir, la biosfera o envoltorio de la vida. Y es que la experiencia ya ha demostrado hasta la saciedad como los efectos degradantes de determinadas actividades sobre tales bienes frágiles e insustituibles para garantizar todas las formas de vida no se limitan a las fronteras del territorio del Estado donde se han ejecutado esas actividades, sino que también se extienden a otros Estados, como por ejemplo la degradación del ecosistema marino del Golfo de México causado por la negligencia de la Bristh Petroleum Company (2010) o la contaminación radioactiva el accidente nuclear de la central de Chernóbil en Rusia.

En ese sentido pues, ni la soberanía estatal ni el derecho de propiedad privada son títulos jurídicos que legitimen el uso antiecológico de los bienes ambientales de dominio público o de apropiación privada. Los términos del Decreto que estamos impugnando, dada su generalidad y la ausencia de referencia a la protección del ambiente como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico-positivo que vincula la actuación de todos los poderes constituidos por mandato del constituyente, al pretender autorizar la explotación de minerales como el oro y el diamante en una extensión territorial equivalente al territorio de Bélgica  y en la que existe una riqueza ecológica frágil e insustituible, constituye una amenaza cierta e inminente a ese invaluable patrimonio colectivo, ya que no es secreto para nadie que la explotación de esos minerales es una de las más drásticas actividades susceptibles de dañar irreversiblemente bienes ambientales como las aguas, los suelos, los bosques, las especies vivas, la biodiversidad, los paisajes, el clima y en especial el sistema de áreas protegidas bajo régimen de administración especial existentes en tan vasto territorio. Podríamos decir si exageración alguna que de llevarse a cabo ese despropósito ecológico y ambiental se estaría hiriendo de muerte el corazón de la patria, la región donde se encuentra el 80% de las reservas de agua dulce del país.

Por otra parte, en la motivación del Decreto se alude al “Ecosocialismo”, concepto que no figura en ninguno de los artículos que integran la “Cláusula Ambiental de la CRBV”, como tampoco de la Ley Orgánica del Ambiente en su carácter de ley fundamental del subsistema jurídico ambiental, es decir, que carece de relevancia jurídica, y de un significado preciso en materia de gestión ambiental integral, a lo sumo se trata de una referencia ideológica que no puede sustentar política pública alguna en esta compleja materia al menos mientras se halle en vigencia la Constitución de 1999, así como los tratados suscritos por la República en la temática ambiental (Extracto del recurso de nulidad contra el Decreto del Arco Minero, Henrique Meier)