43 (publicado en soberanía.org, página clausurada por la narcodictadura terrorista comunista

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in Derechos Humanos, El Guión, Estado, Henrique Meier, México, Neofascismo, Nuevo Orden Mundial, Política, Totalitarismo, Venezuela, Violencia / by Editor / on 12/11/2014 at 9:11 AM /

Los denominados “colectivos” bajo el subterfugio ideológico de la defensa de la “revolución”, cometen delitos amparados en la impunidad que les garantiza la jefatura de la “revolución bolivariana”.

Los vínculos entre la “secta destructiva”, y la delincuencia es un hecho público y notorio.

Henrique Meier / Soberania.org

Es la cifra negra y emblemática de los estudiantes secuestrados, torturados, asesinados, descuartizados e incinerados por unos sicarios pertenecientes al cartel de la droga “Guerreros Unidos” en la población de Iguala, México, con la complicidad del Alcalde del Municipio y agentes de la fuerzas policiales de la localidad, y es también la cifra de los estudiantes muertos en Venezuela, coincidencia necrofílica, desde el 12 de febrero de este año por agentes de uno de los componentes de la que fuera la “Fuerza Armada Nacional Institucional”, hoy convertida en instrumento represivo al servicio de la neodictadura militarista y corrupta de vocación totalitaria, y miembros de los colectivos armados por ese régimen de poder, es decir, los delincuentes reclutados por la “secta destructiva” para reprimir a la sociedad civil disidente.

Los vínculos entre la “secta destructiva”, y la delincuencia es un hecho público y notorio. No sólo se trata de policías que hasta uniformados cometen delitos (secuestros, homicidios, robos), que las cárceles estén controladas, con la complicidad de las “autoridades carcelarias”, por los llamados “pranes” o jefes de mafias delictuales, sino de la existencia de grupos de delincuentes, los denominados “colectivos” que, bajo el subterfugio ideológico de la defensa de la “revolución”, agreden las marchas de la disidencia o resistencia contra lo que no se puede calificar como un auténtico “Gobierno” y cometen delitos amparados en la impunidad que les garantiza la jefatura de la “revolución bolivariana”. 

El periodista Manuel Malaver en un artículo publicado en NoticieroDigital.com en su edición del 12 de octubre de 2014: “Odremán, los colectivos, Maduro y la guerra civil entre los chavistas”, analiza los efectos del asesinado del diputado del PSUV Robert Serra, y de cinco miembros de los colectivos supuestamente implicados en ese asesinato:

“Típico fin de fiesta en la alianza entre el ‘poder constituido’ de la revolución y los grupos de civiles armados que, por no terminar de ‘constituirse’, pueden usarse en todo tipo de atrocidades, como salir a masacrar manifestaciones de estudiantes desarmados si se convierten en un peligro para el status quo de los revolucionarios que, ya instalados, se sienten cada día más seguros en la jefatura del Estado. De alguna parte, entonces, van a salir las órdenes para desarmar y destruir a los irregulares, a los colectivos, y es generalmente de la cópula militar que por cultura, formación y vocación solo tolera a paramilitares mientras le son útiles.

Tal dinámica es siempre fatal e inexorable y todas las revoluciones tienen capítulos amplios e ilustrados de cómo nacen, crecen y mueren y habría que recordar breve, pero incisivamente, el fin de la rebelión de los marinos de Kronstadt en la Rusia del año 21, y ‘La Noche de los Cuchillos Largos’ en los inicios de la Alemania nazi. En la Venezuela postchavista habría que buscarle un nombre sugestivo y distintivo, y, desde aquí, propongo nominarlo ‘Asesinatos en la esquina de Cipreses’, o ‘Una mañana en la Caracas de las calles Rojas’.

Cúmulo de incidentes que empezó con el asesinato -también monstruoso- del diputado Robert Serra en su casa de habitación de La Pastora, pero desprendiendo un hilo de sangre que, como en un pasaje inolvidable de ‘Cien años de soledad’ de García Márquez, recorre parte de la ciudad y solo se detiene al llegar al cuartel de la policía en Cotiza, San José, edificación añeja que había sido desocupada por el gobierno de Maduro y entregada a un colectivo, el ‘5 de Marzo’, cuyo jefe era un tal José Miguel Odremán. Dice un informe del CICPC que Odremán y los hombres del ‘5 de Marzo’, -al lado de otros colectivos que se le unieron, ‘Escudo de la Revolución’ y ‘Bicentenario’-, actuaban como azotes de las parroquias del centro y del norte de Caracas, extorsionando comerciantes y empresarios, cobrando vacunas y peajes, y estando incursos en la mayoría de los atracos, robos, y secuestros exprés que se ejecutaban en la zona.

Pero hay más, mucho más (dice el informe): no había toma de edificio, fábrica o comercio en el centro donde no estuvieran involucrados ‘Odremán y sus colectivos’, los cuales pasaban después a negociar apartamentos y oficinas (como ocurría en el Manfredir) y a ofrecerles protección… Todo lo cual podría explicar que, cuando empezó a implementarse el ‘Plan de Desarme Voluntario’ el 28 de septiembre pasado, una de las mayores resistencias se encontraran entre Odremán y los colectivos ‘5 de Marzo’, ‘Escudo de la Revolución’ y ‘Bicentenario’”^[1].

En los casos de México y Venezuela es aplicable el análisis de Héctor Shamis en uno de sus lúcidos artículos publicado en el diario El País en su edición del 9 de noviembre de 2014: “Ya me cansé”, con ocasión a esa frase pronunciada por el Procurador General de la República Mexicana como respuesta a las críticas de la sociedad civil por el secuestro, tortura y asesinato de los 43 estudiantes en Iguala:

“Ya me cansé. Con esa frase dio por terminada la rueda de prensa el Procurador General de la República Mexicana, cargo equivalente a ministro de justicia en muchos otros países. En esa conferencia acababa de informar el hallazgo de restos calcinados de personas jóvenes. Pendientes de reconocimiento legal, esos restos y la reconstrucción de los hechos delictivos indicarían que se trata de los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre.

…La frase del Procurador General es elocuente, concluyente: la ley se cansó. Si ‘fue el Estado’, como clama la consigna que aglutinó y movilizó a la sociedad desde septiembre, es porque al mismo tiempo ‘no hay Estado’. Está cansado. Las palabras elegidas y el lenguaje corporal del Procurador revelan la inexistencia de ese Estado, paradójicamente reconocido por el mismísimo Estado. Retratan la irrealidad que vive el Gobierno mexicano. El Estado se diluye, desaparece –y no es eufemismo –si la cadena de la irresponsabilidad legal y política se quiebra antes de llegar a la cima de esa pirámide imaginaria que denominamos estructura de poder. Iguala es solo un ejemplo, en México y en tantos otros países de la región, de esa ilegalidad que corroe, erosiona y finalmente se apropia de porciones importantes del Estado.

El Procurador mismo reconoció la existencia de colusión entre el Gobierno y la policía municipal con el cartel Guerreros Unidos. Los estudiantes habrían sido entregados por la policía municipal a los narcotraficantes. No aclaró, sin embargo, que tan alto y que tan ancho llega la penetración de los Guerreros Unidos en la estructura del Estado de Guerrero. En otras palabras, no queda claro cuál es la completa cadena de mando de la ilegalidad en ese territorio. ¿Órdenes de quién obedecían los tres supuestos asesinos confesos? Pero Iguala también es un ejemplo de la estrategia de varios Gobiernos nacionales en una región capturada por el crimen organizado: desentenderse de la responsabilidad legal y política que les pertenece. Se trata, en definitiva, de una abdicación de su obligación de proteger a sus ciudadanos. El Procurador también usó una sugestiva metáfora para justificar ese desentendimiento. Haciendo referencia a que no tenía competencia para intervenir, afirmó que el Gobierno mexicano habría ‘invadido ese territorio’, ilustrando las comillas con sus dedos en forma de gancho. Desde la propia Procuraduría, nada menos, se institucionaliza la fragmentación territorial, de ahí la ‘invasión’”^[2].

En otros artículos publicados en años pasados en esta misma página web independiente, me he referido al progresivo desmantelamiento del otrora Estado por parte del llamado “Comandante eterno”, con la colaboración incondicional de los miembros de la “secta destructiva”, desde su triunfo y conquista del poder en las elecciones de 1998 hasta su muerte (“La destrucción del Estado”), y como consecuencia de ello la imposibilidad de calificar como “Gobierno” a ese régimen de poder (¿Cuál Gobierno?).

Como bien señala Héctor Shamis en su artículo transcrito “Ya me cansé”, el problema de fondo es la insólita abdicación de la obligación estatal, y por ende gubernamental, de proteger a los ciudadanos. En este territorio delimitado por fronteras que en otro tiempo era un país llamado Venezuela, 25 mil personas fueron asesinadas el pasado año, y más de 200 mil en 15 años del régimen castro-chavista, hoy castro-madurista-cabellista. Se dice que este año, pronto a concluir, la cifra necrofílica llegará a más de 30 mil asesinatos.

Una de las características del poder estatal, a diferencia de las formaciones políticas y sociales de la Antigüedad y el Medievo, es el monopolio y ejercicio de la denominada “violencia legítima” a fin de evitar el temor de Thomas Hobbes: “la guerra de todos contra todos”, si se permite que los particulares y grupos se armen para defender sus derechos o intereses, o para apropiarse de bienes ajenos, secuestrar, asesinar, delinquir a sus anchas^[3].

La defenestración de un ministro de justicia y de relaciones interiores, la cabeza visible de la función represiva del Estado, no por su presunta responsabilidad en la muerte de los 43 estudiantes, la detención arbitraria y tortura de muchos otros, sino por la presión, o más bien extorsión de los “colectivos” sobre el “Ilegítimo”, porque supuestamente el tal hoy ex ministro ordenara la ejecución de 5 miembros de esas organizaciones hamponiles al servicio de la secta destructiva, como represalia por el asesinato de Robert Serra, es prueba irrefutable en lo que respecta a esta sui-géneris colonia cubana, de la denuncia de Shamis con relación a la República Mexicana: “El Estado se diluye, desaparece –y no es eufemismo –si la cadena de la irresponsabilidad legal y política se quiebra antes de llegar a la cima de esa pirámide imaginaria que denominamos estructura de poder”.

Hace un tiempo escribí- con dolor de alma- este poema, inédito, por supuesto, pues en este ex país (Blanco-Muñoz), ¿A quien le interesa la poesía?

“Volví a soñar otra ciudad, un puerto, tal vez el de mi infancia. Casa solariega, patio interno, una fuente, pájaros calmando la sed, libres del miedo, del acoso humano. Un árbol de granados, frutas doradas por el sol del Caribe. El sosiego del mediodía, sopor del calor mitigado por la brisa marina. El rugido de barcos en los cercanos muelles. He vuelto a soñar otra vida sin angustias, temores, desasosiego. Y al despertar he llorado en silencio al saberme aquí, ahora, en esta ciudad del caos donde asesinos se pasean impunemente a la luz del día, donde reina la violencia y la indiferencia, ciudad sin alma, vacía, llaga pestilente, capital de la muerte…”.

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Referencias:

[1] Malaver, Manuel. “Odremán, los colectivos, Maduro y la guerra civil entre los chavistas”. En noticiero digital.com, edición del 12 de octubre de 2014.
[2] Shmis, Héctor. “Ya me cansé”. En el pais.es, edición del 9 de noviembre de 2014. Negritas mías.
[3] En otro artículo publicado en esta pagina WEB, trato ese tema: “La ruptura del pacto de reciprocidad”.

Henrique Meier | Director del Área de Estudios Jurídicos y Políticos del Decanato de Estudios de Postgrado de la Universidad Metropolitana.
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