Crónicas de la narcodictadura militarista comunista asociada al terrorismo de las FARC, el ELN y organizaciones islámicas
Crónicas de la narcodictadura militarista comunista terrorista
Henrique Meier
Durante la década de los setenta y ochenta, varios países latinoamericanos
estuvieron gobernados por dictaduras militares donde se violaron
sistemáticamente los derechos humanos. En dicho período tuvo lugar la llamada
“guerra sucia”, en la que intervinieron agentes de Estado y grupos
paraestatales manejados desde el poder. Esto se engloba dentro del concepto de
“terrorismo de Estado”. Los legisladores han tenido problemas para definir el
terrorismo de Estado. No es un concepto jurídico ni se encuentra claramente
definido por algún instrumento internacional. Es una evidencia empírica e
histórica que a través del Estado se pueden cometer delitos e infundir terror
profundo en la población, con el propósito de imponer la autoridad tiránica. El
terror puede hacer parecer a las tiranías como dioses invencibles. Pero la
soberbia de los tiranos, en ocasiones, se encuentra con una forma de ‘efecto
mariposa’, el pequeño cambio que puede producir catástrofes. Un dicho popular
lo traduce como la gota que rebasa al vaso. Puede que algún crimen político
incida en un punto de quiebre y dé como resultado un giro sorpresivo. El rayo
que derriba la torre en la que se refugian los falsos ídolos. Wolfgang
Gil,prodavinci.com
1.“Ahora el gran capo es Maduro quien ordena la muerte de personas como fue
enseñado en La Habana”. Luis Velásquez Alvaray.
“El juicio al extesorero de Hugo Chávez, Alejandro Andrade,
condenado a 10 años de prisión hace tres días por una corte judicial en Florida
ha desatado un oleaje difícil de contener. El exmagistrado del fallecido
expresidente venezolano y ahora en el exilio, Luis Velásquez Alvaray,
ha revelado que recibió órdenes directas de Nicolás Maduro para
eliminar «políticamente» a Diosdado Cabello, exnúmero dos del régimen.
«Maduro me llamó a mí para activar todo un aparataje desde el Tribunal Supremo
para salir de Diosdado Cabello. Lo juro, te lo juro», dijo Velásquez Alvaray en
una entrevista para el canal de noticias EVTV en
Miami. Según el exmagistrado, el presidente de Venezuela le mandó a confabular
toda una situación alrededor de Cabello para eliminarlo y luego decir que «se
suicidó o unos delincuentes acabaron con su vida». Las fuertes declaraciones
que emitió el exjuez supremo desvelan todo
un entramado de corrupción en las entidades judiciales del país donde opera «la
banda de los enanos» en la que el jefe era Chávez y su lacayo o como lo llama
Velásquez «quien ejecutaba las actividades negras» era Maduro. «Ahora el gran capo es Maduro quien ordena
la muerte de personas como fue enseñado en La Habana», recalcó.Todas estas
nuevas informaciones señalan que el régimen de Nicolás Maduro y los poderes
públicos del Estado se manejan por medio de una gran mafia llamada «la banda de
los enanos», que según el exmagistrado engloba a altos cargos, empresarios y
militares y tenía un solo propósito: desfalcar la nación. Explica Velásquez
Alvaray que «el negocio de los enanos se fue extendiendo al narcotráfico, al
contrabando y al crimen organizado”. «Yo realicé una investigación precisa de
quienes eran los enanos y estaban ramificados en todos lados, era una
estructura criminal que se ramificó en todas las
instancias del país», dijo Luis Velásquez Alvaray, al mismo tiempo
que recuerda que él personalmente pidió una cita con el presidente Chávez para
informarle de toda la situación, «a los 15 días me estaban buscando a mí la
Fiscalía por corrupción, por eso me fui del país». ABC.es
2. María Corina Machado: “El Cartel de Sinaloa
está metido en la Sierra de Perijá”,
“La coordinadora de Vente Venezuela, advirtió que el Cartel de
Sinaloa se encuentra en dentro de la Sierra de Perijá, en el estado Zulia,
lo que representa para la dirigente una situación “alarmante” “El
Cartel de Sinaloa está metido en la Sierra de Perijá, tenemos mucho tiempo
advirtiéndolo (…) Llegamos hasta aquí porque no hubo una reacción a tiempo,
firme y clara de muchos Gobiernos que sí sabían lo que estaba pasando en
Venezuela” informó Machado durante una entrevista a El Venezolano TV
Miami. Aseveró que esta situación puede acarrear fragmentación del
territorio en vista de que en muchos de las regiones fronterizas no hay “control”
por parte del Estado. “Existen
extensiones inmensas en las cuales no hay la presencia del Estado, no existe,
como el sur de Bolívar, Paria, Apure, zonas donde ni las Fuerzas Armadas puede
entrar” Con respecto a la crisis política que atraviesa el país, aseveró
que se necesita “enfrentar al
régimen con todo o eres parte del sistema” por lo cual rechazó todo intento de “dialogo” con el
actual gobierno de Venezuela. Venepress.
3. “Uno de nuestros planes en un futuro cercano es enviar dos o tres barcos con helicópteros especiales a Venezuela en América del Sur en una misión que podría durar cinco meses", ha explicado el comandante adjunto de la marina de Irán, el contraalmirante Touraj Hasani Moqadam, a la agencia de noticias Mehr”. La ceiba. Ramón Muchacho
3. “Uno de nuestros planes en un futuro cercano es enviar dos o tres barcos con helicópteros especiales a Venezuela en América del Sur en una misión que podría durar cinco meses", ha explicado el comandante adjunto de la marina de Irán, el contraalmirante Touraj Hasani Moqadam, a la agencia de noticias Mehr”. La ceiba. Ramón Muchacho
María Corina
Machado, ejemplar mujer de incuestionable integridad, corre un grave peligro al
denunciar la presencia del Cartel de Sinaloa en el que fuera el territorio
nacional, hoy bajo control del crimen organizado. Se dice que el 40% de ese
territorio es controlado por el ELN, no dudo de la presencia también de las
FARC en un espacio territorial que dejó de ser un componente institucional del
Estado desde que esa categoría institucional de las relaciones de poder de una
sociedad nacional desapareció en nuestra desgraciada patria. María Corina no ha
comprendido todavía esa realidad: EL ESTADO NO EXISTE EN VENEZUELA, SOLO FORMALMENTE.
Ella tiene razón cuando expresa el dilema de todo venezolano: “enfrentar
al régimen con todo o eres parte del sistema”. Los venezolanos
huyen, escapan despavoridos, no sólo por el hambre y la falta de medicamentos,
sino, también, porque están al garete, en una situación de absoluta inseguridad
donde como dice la estrofa de la canción de José Alfredo Jiménez “la vida no
vale nada”.
La declaración del
comandante adjunto de la marina de Irán de enviar barcos y helicópteros a
Venezuela en una supuesta misión que duraría unos 5 meses, confirma lo que he
escrito y sostenido reiteradamente acerca de la pérdida de la soberanía
nacional por la invasión y ocupación del país por parte de cubanos, iraníes,
chinos, rusos, sirios, y la existencia de un cuerpo fuertemente armado integrado por nacionales de esos países
cuyo objetivo es sostener a la narcodictadura militarista comunista asociada al
terrorismo internacional y enfrentar si es que fuere el caso al supuesto sector
institucional de la otrora fuerza armada nacional si dicho sector decidiere
derrocar a la narcodictadura. Supe de la
existencia de ese cuerpo armado invasor escuchando una entrevista que Patricia
Poleo le hiciera al Vicealmirante Iván Carratu, un auténtico patriota. En ese
contexto, sólo la complicidad con ese nefasto régimen criminal explica el
rechazo de no pocos de falsos “opositores” a la eventual intervención de una
fuerza multinacional liberadora. Es como si los patriotas franceses hubiesen
estado en contra de la liberación de París y de Francia por parte de las tropas
aliadas (1944) venciendo al ejército nazi que había invadido y ocupado a esa
nación en 1940.
4..Libertad o esclavitud para toda la región ¿NEGOCIAR O TRAFICAR?, por Alicia
Freilich, ideas de babel.com
Alfonso Molina 4 diciembre, 2018 Destacado,
POLÍTICA Y ACTUALIDAD. En la misma línea de mi reflexión.
Hugo Chávez vendió al país a cambio de que le
prestaran la etiqueta castromilitarista ‘Patria o muerte, venceremos’.
1938. Winston
Churchill al primer ministro británico Arthur N. Chamberlain, pacifista neutral
frente al nazismo: “Un apaciguador es alguien que alimenta al cocodrilo
esperando que se coma a otro antes que a él”. Un año
después: “A nuestra patria se le ofreció la humillación y la guerra. Ya
aceptamos la primera, ahora tendremos guerra”. Esa justa rebelión se postergó
con pactos, de allí su saldo genocida.
1985. bajo la
amenazante presión internacional, el gobierno del apartheid le
ofreció la liberación a Nelson Mandela si renunciaba a su larga lucha contra la
segregación racial. Y su respuesta fue: “¿Qué libertad se me ofrece si sigue
prohibida la libertad de la gente? Solo con hombres libres se puede negociar”.
El resto es capítulo central para historiar la efectiva dignidad libertaria del
siglo XX.
1988: por
parecido motivo, el poder comunista polaco insistió en comprar la fija
oposición de Lech Walesa varias veces liberado de la prisión, pero él nunca
cedió al chantaje y su firmeza logró la legalización del sindicato Solidaridad
más el sufragio libre para elegir un nuevo Parlamento con representación
mayoritaria de los trabajadores. Así comenzó la caída del muro berlinés.
1963: mucho
antes en Estados Unidos se creó un abismo definitivo entre aquel ‘Yo tengo un
sueño’, frase del tenaz dirigente afroamericano Martin Luther King que volvió
realidad los derechos civiles de los negros y el oportunismo del ‘¿Cuánto hay
pa’ eso?’ de caciques y caudillos bajo cualquier sistema o régimen. En simples
términos pedagógicos, nunca pueden acordar un monje vocacional y el chulo
profesional pues hay una diferencia básica entre conflicto ideológico de fondo
y problema político transitorio, entre exigir libertad previa y comerciar por
interés individual o de grupo los legítimos y legalizados principios éticos de
la nación. En especial cuando de por medio hay toda una sociedad cuyo 90% está
enferma por sometida, arruinada, hambreada, vigilada, excluida, torturada,
apresada, asesinada, suicidada o expulsada. Momentos así definen el calibre de
un líder o liderazgo y marcan esa neta distinción entre negociante y
negociador, delincuente y conductor. Lo que separa la negociación del
negociado.
Hugo Chávez
vendió al país a cambio de que le prestaran la etiqueta castromilitarista
‘Patria o muerte, venceremos’. Hizo su propio retrato hablado de traficante
cuando por la televisión le preguntó al artista Pedro León Zapata cuánto le
habían pagado por una caricatura que lo criticaba. Ladrón que juzgó por su
condición y forjó esta delincuencia revolucionaria. La actualidad venezolana
exige, pues, una acción definida sin más tardanza, como la de Rómulo Betancourt
frente al proxeneta mercachifle Fidel Castro cuando en su visita a Venezuela le
pidió negociar el petróleo venezolano para sustentar su empresa de odio contra
el imperio yanqui. Escoger entre negociadores no militantes de partidos
políticos que intermedien una salida de la narcodictadura previa libertad
sociopolítica para recuperar derechos y deberes civiles contra el populismo
militarizado, entre la perfectible Constitución vigente o una mafiosa
constituyente mundial dirigida por el castrismo neosoviético, entre aceptar la
continua invasión guerrillera ya instalada en casi todo el país o sin reservas
solicitar la vecina ayuda, humanitaria pero armada y provisional. En esencia,
libertad o esclavitud para toda la región. Lo demás es
tarifa de negociados mercantilistas por individuos y/o minipartidos,
combustible que en las izquierdas y derechas, en nombre de una falsa democracia
soberana, incendian la pradera para beneficio de imperios totalitarios. Y
desgracia total de pueblos cada vez más ignorantes y empobrecidos.
5, William Brownfield:
Existen vínculos de Venezuela con el ELN, las FARC, Hezbolah y Hamas.
Confirma la asociación de la narcodictadura militarista comunista con las organizaciones terroristas colombianas y las islámicas. Y todavía hay sectores de la supuesta "oposición" que siguen insistiendo en una "salida pacífica" mediante "negociación" con los delincuentes; quienes tengan trato con criminales y más de esa calaña, responsables de la destrucción del país, y pretendan llegar a "acuerdos" con ellos, se convierten en cómplice de sus crímenes. Ante el crimen y más el de lesa humanidad sólo cabe desde el punto de vista ético, moral y jurídico, denunciarlo y luchar para lograr la captura y enjuiciamiento de los responsables de esos delitos que no prescriben. Sólo con el auxilio de una fuerza multinacional liberadora se podrá detener a Maduro y sus cómplices, y como consecuencia de ello, desmantelar la estructura mafiosa de la narcodictadura.
6.Frente Amplio Venezuela Libre elabora plan
para superar la emergencia humanitaria.
¿Acaso podría superarse esa emergencia sin antes derrocar por la fuerza a la narcodictadura militarista comunista vinculada a organizaciones terroristas? Eso de llamar emergencia humanitaria es una forma de quitarle fuerza, las palabras sirven para legitimar o deslegitimar, a una situación creada artificialmente por obra de un poder criminal, la llamada "secta destructiva" (Francis Delgado), es decir, el castrismo-chavismo-madurismo y demás ismos. Lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Venezuela es un genocidio progresivo, delitos continuados de lesa humanidad
7.“Dos
bombarderos estratégicos Tu-160, un avión de transporte An-124 y un avión de
largo alcance Il-62 han volado desde Rusia al Aeropuerto Internacional de
Maiquetía. Bombarderos rusos que aterrizaron en Maiquetía son capaces de llevar
misiles nucleares. Padrino López: Gobierno realizará maniobras militares para
“defender a Venezuela”. Se espera “esta misma semana” por una delegación
técnico-militar para mejorar apresto operacional de armas rusas. EEUU criticó
las maniobras militares de Rusia en Venezuela. "El enfoque de EE.UU. hacia
la región difiere del enfoque de Rusia. En medio de la tragedia, Rusia envía
bombarderos a Venezuela y nosotros mandamos un buque hospital", sostuvo el
coronel Robert Manning, portavoz del Departamento de Defensa, durante una rueda
de prensa desde el Pentágono. Secretario de Estado, Mike Pompeo, en Twitter:
"El gobierno de Rusia ha enviado bombarderos que atravesaron medio mundo
hasta Venezuela. Los pueblos de Rusia y Venezuela deberían ver esto como lo que
es: dos gobiernos corruptos malgastando fondos públicos, y aplastando la
libertad mientras su gente sufre”. Laceiba@ramonmuchacho.org.
La fuerza aérea rusa aterrizó en territorio
venezolano este lunes con dos aviones bombarderos
nucleares Tupolev 160 (TU-160) o «Cisne Blanco». Este
desembarco se produce una semana después de que Nicolás Maduro viajó
sorpresivamente a Rusia, en medio del aislamiento regional, para
forjar lazos de cooperación y buscar alianzas en una posible ofensiva ante la fuerte presión
internacional en su contra. Los dos aviones no llegaron solos. Con ellos
también llegaron una cuadrilla de 100 militares
rusos que serán los encargados de realizar las maniobras
militares que incluyen «vuelos operativos combinados» en Caracas, en los
próximos días. Vladimir Padrino, ministro de
Defensa de Venezuela y amigo personal de Vladimir Putin,
recibió los bombaderos en la rampa 4 del aeropuerto de Caracas en una acto de
bienvenida donde habló de los objetivos de esta forma de cooperación militar
entre los países. Los dos
aviones Tupolev 160 son capaces de llevar consigo las armas nucleares,
particularmente, los misiles crucero, lo que los convierte en una auténtica amenaza para
los adversarios de Rusia. Estos bombaderos viajaron más de 10.000 kilómetros
para participar de los vuelos operativos combinados Rusia-Venezuela y gozan de
mucho respeto en Occidente porque es el
mayor bombardero supersónico del mundo. Además de ser el más
potente y rápido. Su diseño le permite volar a cualquier altitud y a una amplia
cota de velocidad, puede alcanzar blancos a miles de kilómetros de distancia y
aunque se parece al bombardero estadounidense B-1B Lancer, es de mayor tamaño y
más rápido.
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«Nos estamos preparando para defender Venezuela hasta el último palmo cuando
sea necesario», dijo Padrino López durante el evento. Al mismo tiempo,
intentaba calmar a sus adversarios diciendo «nadie debe preocuparse por su
presencia en territorio venezolano».La llegada de estos aviones enviados por
Rusia representa para el Gobierno de Maduro «una demostración de fuerza.
Estados Unidos no esperó para criticar la
presencia en Venezuela de los bombaderos: «Rusia envía bombarderos a Venezuela
y nosotros, un buque hospital», dijo el portavoz del Departamento de Defensa,
coronel Robert Manning. La alianza
Maduro-PutinEl operativo militar se produce
después de la visita de Nicolás Maduro a Vladimir Putin en Moscú, donde se
cerró con broche de oro la firma de contratos con
Rusia para «garantizar inversiones por un monto superior a los
6.000 millones de dólares». Los lazos «hermanos» entre ambas
naciones no son un secreto para la comunidad internacional. El expresidente
Hugo Chávez desde 2005 quiso afianzar las relaciones y contar con Rusia como aliado estratégico de su política
multilateral.El año pasado Rosneft (petrolera rusa) firmó un acuerdo con la
estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para la explotación del crudo
venezolano, a cambio le dieron a Maduro pagos por adelantado que
le permitió amortizar la deuda externa. Rusia ha enviado este año 250.000
toneladas de trigo para solapar la crisis económica y social del país. En los
últimos años, Rusia se ha convertido en el prestamista del
régimen venezolano, al menos 17.000 millones de dólares les ha otorgado en
préstamos y líneas de crédito a Caracas desde 2006. Se dice que algunos de
ellos han sido perdonados por su incumplimiento en el pago. ABC.es
¿Se
requerirán más evidencias de la ocupación de la ex república de Venezuela por
parte de gobiernos extranjeros, y de la conversión de nuestro país en una zona
de conflicto internacional? La respuesta del Secretario de Estado de USA, a
menos que sea una estrategia para camuflar la verdadera intención de su
gobierno, luce débil frente a la amenaza que representa para la seguridad de
esa potencia, de la región y del mundo, el envió de esos bombarderos, a lo que
habría que agregar los barcos y helicópteros por parte de la dictadura Iraní
para una misión de “unos 5 meses”. A Maduro y el resto de la podrida cúpula de
la narcodictadura, así como a los pacifistas y negociadores de oficio, les importa un carajo
que pueda desencadenarse una escalada de violencia cuyo objetivo por parte de
Cuba, Rusia, China, Siria, Irán es controlar los ingentes recursos naturales
del que fuera un territorio nacional soberano. En lo que se refiere a la
narcodictadura militarista comunista terrorista su objetivo al buscar el apoyo
de esos regímenes dictatoriales enemigos de los Estados Unidos de Norteamérica,
es mantenerse en el poder el tiempo que sea. Esto recuerda el episodio de la
crisis creada en 1962 cuando Rusia envió unos misiles a Cuba en un portaviones
a petición del criminal Fidel Castro. Lo que detuvo una posible guerra fue una mezcla de firmeza y
diplomacia, “escalada controlada” la denominó el presidente Kennedy, y sentido
de responsabilidad de Moscú. En
horas decisivas Fidel Castro envió una misiva a Nikita Kruschev en la que le
expresaba que si Cuba tendría que desaparecer en aras de preservar el
socialismo, que no durara en actuar, el líder de la Unión Soviética quedó sorprendido,
parece que exclamó: “Esta hombre está loco” y decidió comunicarse con Kennedy
para resolver la crisis. ¿Será que a Maduro y al resto de los criminales de la
narcodictadura les importa el destino del país? Para ellos no se
trataría de preservar el “socialismo del siglo XX” sino su narcopoder. Mi buen amigo Edgar Cherubini considera que esos bombarderos no representan una real amenaza, que su propósito es ocultar el envío de toneladas de oro (el saqueo de la narcodictadura) a Moscú, tal vez, ¿ no sé?, lo cierto, reitero, es una evidencia más de la definitiva extinción del Estado soberano en un país en vías de extinción.
8,“No sorprende que el régimen se haya adjudicado la
casi totalidad de los 2400 concejales y le haya lanzado unas migajas a la
oposición colaboracionista para guardar las apariencias. Esta falsa oposición
no participó abiertamente en el cuestionado proceso, pero tampoco quiso llamar
a la abstención. Por el contrario, les bajaron línea a sus operadores municipales
de inscribirse bajo denominaciones fantasmas, y así participar en la rifa que
hizo el régimen de los cargos de concejales. Si aún quedaban dudas sobre lo que están pensando los venezolanos para salir
del chavismo, la masiva abstención
frente a la farsa electoral del domingo pasado significó una nueva derrota,
otra más, para los operadores del régimen y su falsa oposición. Calles vacías,
centros de votación desolados; sólo los asalariados del gobierno merodeando en
los alrededores, intentando engañar a su propia gente en un trueque de pedazo
de pernil por voto. Las cifras anunciadas por la operadora Lucena del CNE no se
parecen en nada a la fotografía de las calles de Venezuela. Los militares que
participaron en la farsa electoral del domingo pasado también fueron testigos
de la ausencia de pueblo y de chavistas en los centros de votación. Y eso
no puede significar otra cosa que el rechazo pleno de la sociedad a un régimen
que estos uniformados sostienen. Por
ingenuidad o simple ignorancia, los militares creen que es posible mantener un
régimen como éste sin apoyo del pueblo. Pero más temprano que tarde vendrá un
inevitable ajuste de cuentas entre quienes han vivido del reciclaje de promesas
y sus víctimas estafadas. La abstención masiva se ha convertido en la forma más militante de
resistencia de una sociedad que no se resigna a aceptar el papel de servidumbre
que le ha asignado el régimen chavista y su falsa oposición. Son irrelevantes
las negociaciones que intentan el próximo año y las promesas de elecciones
limpias. La gente entiende que bajo el estado chavista no hay ni habrá forma de
convocar elecciones transparentes jamás. Para
ir a elecciones en Venezuela será necesario primero destruir al estado
chavista. Esto significa, no solo un mero cambio de gobierno, sino su expulsión
definitiva de todas las instancias del poder público y militar. Para ello será
necesario establecer un régimen político civil y militar que imponga el orden y
enfrente la reacción del chavismo y sus intentos por retomar el poder. Será un periodo de definiciones,
correcciones e inestabilidad necesarias para recuperar la integridad de la
República. Mientras las distorsiones económicas, sociales y políticas no sean corregidas
por un régimen de ruptura con el estado chavista, no es posible pensar en votaciones en Venezuela. Así parece
refrendarlo una y otra vez la gente cada vez que se le convoca a una farsa
electoral. Mientras lo fundamental no se resuelva, aquí no se vota”.- Humberto González
Briceño, diario español de la república constitucional.
Difiero en dos
puntos: 1. Los militares, no es que apoyen el régimen, es que forman parte
esencial del mismo, de ahí su calificación como una narcodictadura militarista
comunista asociada al terrorismo internacional y a los regímenes dictatoriales
del planeta. De manera que no es por ingenuidad o simple ignorancia, es por
Poder y Codicia, el dinero verde proveniente del tráfico de drogas y de la
venta del oro saqueado a costa del crimen ecológico, el ecocidio, en la zona
del arco minero del Orinoco, el corazón ecológico de la ex república de
Venezuela. 2 El chavismo no es un Estado en su significado histórico,
institucional, político y jurídico, es un poder criminal que ejerce una mafia
sobre las ruinas de lo que fuera un Estado cuya estructura institucional comenzó
a consolidarse a partir de la muerte de Juan Vicente Gómez (1936-98). La
expulsión de ese régimen que, inevitablemente significará sangre y fuego, pues
no será pacífica, implicará reconstruir al Estado rescatando la soberanía
nacional, una tarea compleja, no exenta
de grandes dificultades.
La inseguridad reina en Venezuela, también en forma de homicidios. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) calcula que en 2017 se produjeron 26.616 muertes violentas, 5.535 a manos de las fuerzas de seguridad chavistas. La tasa de homicidios fue de 89 por cada 100.000 habitantes, la más alta de Latinoamérica, según datos recogidos en el balance que realizó InSight Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe. Si se compara esta tasa con las registradas en Brasil, México y Colombia, la de Venezuela es tres veces superior. Según el balance de InSight Crime, en 2017 este índice de homicidios era de 29,7 por cada 100.000 habitantes en Brasil, de 24 en Colombia y de 22,5 en México. En cifras absolutas Brasil registró 61.283 homicidios en 2016 (último dato disponible). En 2017, las muertes violentas en Colombia superaron las 10.000 y en México rozaron las 30.000.
Venezuela entró en las tinieblas. No hay otra forma de describirlo. El 10 de enero marca la decisión voluntaria de una parte del chavismo, así como del estamento militar, de permitir que en Venezuela se entronice una clase política en el poder, que optó por desmantelar el Estado de derecho y abandonar todo vestigio de origen democrático. A partir de esa fecha, como resultado de esta dinámica, lo que se avecina es la naturalización de la anarquía, la profundización del aislamiento internacional y el quiebre definitivo de la economía venezolana. Quienes piensen que a partir del traspaso de este umbral es posible que se abran diversos senderos, se equivocan: o hay cambio político que conlleve a restaurar el orden constitucional y democrático o el país será inviable. La situación es tan dramática, que las distintas maneras como pudiera llegar a ocurrir el proceso de cambio comienzan a ser irrelevantes; lo único sustancial es que ese proceso se materialice lo antes posible. Algunos pueden preferir alguna modalidad que incluya una negociación, otros una fractura interna e incluso algunos otros una ruptura radical. Pero lo cierto es que a estas alturas lo central es frenar la destrucción definitiva del país. Venezuela está absolutamente quebrada. El 2018 marcó la aceleración del deterioro económico y social más grande de nuestra historia republicana. Para finales del año pasado, ya habíamos perdido la mitad del tamaño de nuestra economía. La aceleración de la hiperinflación perdió todo referente histórico latinoamericano. La ola migratoria adquirió proporciones ciclópeas. Y en menos de 10 meses perdimos, según fuentes secundarias, más de 650 mil barriles diarios de producción petrolera; es decir, casi la mitad de la caída de la producción de los últimos cuatro años. Algunos aventajados observadores se preguntarán con razón: ¿cómo fue que el gobierno sobrevivió semejante debacle? La respuesta a esa interrogante abarca un grupo muy amplio de elementos: cerrando y contaminando políticamente la arena electoral, promoviendo la fuga de la población, haciendo ‘‘default’’ de la deuda externa (lo cual le facilitó contar con más de 8 mil millones de dólares de recursos adicionales), condicionando políticamente los subsidios directos e indirectos, permitiendo la extracción de oro a cualquier costo ambiental (que se tradujo en más de 1 mil millones de dólares en exportaciones), manteniendo un férreo control sobre las importaciones y dividiendo a la oposición. Para sobrevivir, el gobierno practicó la indolencia. Estos mismos observadores podrían preguntarse seguidamente: ¿pero por qué no volver a repetir esa misma fórmula en el 2019? El gobierno intentará afianzar algunos de estos elementos a lo largo del nuevo año para mantenerse en el poder, especialmente aquellos que le vienen funcionando en el plano político y social. Sin embargo, la posibilidad de repetir los mismos trucos en el plano económico será muy limitado. La producción promedio de petróleo de todo el 2018 fue de 1.3 millones de barriles diarios y la producción promedio del 2019, con unos precios que han caído ante el debilitamiento de la economía global, estará cercano a los 950 mil barriles diarios. Este colapso productivo y la disminución de los precios petroleros supone una merma del ingreso mucho más alta que la que vivimos anteriormente. De modo que aun si se continúa haciendo ‘‘default’’ y se logra exportar la misma cantidad de oro, Maduro se va a encontrar con una restricción externa significativa. Para cerrar esa brecha, el gobierno podría estar dispuesto a seguir recortando importaciones, pero las mismas ya están en niveles tan bajos que la presión social podría ser prohibitiva. Esta presión, conjuntamente con la hiperinflación, van a terminar de marcar un clima social cada vez más enrarecido en el plano nacional, el cual estará marcado por mayores desigualdades y por una proporción aún más grande de la población viviendo en situación de pobreza extrema. Esto a su vez acelerará el problema migratorio hacia Brasil y Colombia, y terminará de hacer más sensible el tema venezolano. Contrario a lo que espera el gobierno, Rusia y China tampoco saldrán al rescate: el tamaño del problema es demasiado grande. Ambos países ya han comenzado a mostrar más interés en la cooperación política que en la económica y financiera. Cuba también comienza a reconocer privadamente entre algunos países latinoamericanos, pero sobre todo con algunas naciones de Europa, que tiene un gran problema en Venezuela. Frente a esta realidad, Nicolás Maduro no tendrá más alternativa que flexibilizar cada vez más el mercado cambiario, esperando que lo que queda de un sector privado extremadamente menguado, financie directamente parte de las importaciones del país. También cederá mayor control sobre la faja del Orinoco a sus socios internacionales actuales, buscando garantizar un flujo mínimo de producción de petróleo pesado. Igualmente, PDVSA podría extender contratos de servicios a terceros, esperando frenar el colapso de la producción de crudos convencionales. Sin embargo, es poco lo que un sector privado puede financiar sin seguridad jurídica, sin acceso a líneas de crédito internacionales y con un mercado interno cada vez más pequeño. El tamaño de la destrucción productiva del país es demasiado grande. Tampoco es mucho lo que los privados pueden hacer en el sector petrolero. Los requerimientos de inversión para reactivar los pozos de crudos ligeros son extremadamente altos y difícilmente podrán atraer recursos con las sanciones internacionales existentes y con contratos que no tienen el respaldo legal de la Asamblea Nacional. En el fondo, ningunas de estas medidas pueden llegar a ser creíbles en el marco del quiebre institucional y financiero del país. El gobierno comienza a reconocer esta realidad. Según algunos medios internacionales, en un contrato de servicios petroleros recientemente otorgado de forma opaca a un consorcio norteamericano para el Lago de Maracaibo, que es el más grande que hasta ahora se haya firmado, se acepta la validez del mismo sólo si el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extiende una licencia a esta empresa para que pueda operar bajo las sanciones a las que está sujeta tanto Venezuela como PDVSA. El otorgamiento de esa licencia pareciera improbable debido al endurecimiento de las sanciones por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, de ser cierta esa información, el contrato es en sí mismo una confesión pueril de las partes: se acepta que dados los problemas actuales que enfrenta la industria es imposible su recuperación. De ahí que la mayor presión vaya a venir del plano internacional. El impacto de esta presión será cada vez más aguda, precisamente porque las vulnerabilidades externas son cada vez más grandes. El Grupo de Lima, con excepción de México, acaba de anunciar que no reconocerá la juramentación de Nicolás Maduro para un dudoso segundo mandato. Estados Unidos se unió al pronunciamiento y la mayor parte de los países europeos también lo harán. Las probabilidades de que las sanciones internacionales se terminen de recrudecer pocos días después del 10 de enero serán cada vez más altas. Por ejemplo, la posibilidad de que Washington prohíba la exportación de diluentes a Venezuela pondría en riesgo por lo menos 350 mil barriles de crudo pesado. En estos momentos, el piso de la producción petrolera de PDVSA descansa exclusivamente sobre la producción de la faja que podría pasar muy rápidamente, en caso de activarse estas sanciones, de 850 mil barriles a 500 mil barriles diarios. El impacto de esta medida internacional sería enorme. Del mismo modo, la Casa Blanca está discutiendo la opción de incorporar a Venezuela a la lista de países patrocinantes del terrorismo, un pequeño club al que pertenecen otros países petroleros como Irán, lo cual implicaría pasar de ser una nación que tiene un tratamiento de política exterior ligado a una crisis política y humanitaria, a convertirnos en una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La diferencia no es menor, así sea arbitraria. Otros países latinoamericanos también están amenazados con pasar de la retórica diplomática e incorporarse al uso de las sanciones financieras en contra de empresas e individualidades vinculadas al gobierno. Finalmente, actores privados, en particular los acreedores de la deuda tanto soberana como de PDVSA, así como empresas a las que no se les han cancelado sus compromisos, van a continuar actuando judicialmente, buscando tomar control de sus diversos activos internacionales, lo cual puede volver a poner en riesgo la frágil operatividad de la industria petrolera. Por lo tanto, la posibilidad de seguir haciendo default, que fue la táctica más importante en 2018 que utilizó el gobierno para poder sobrevivir financieramente, es cada vez más limitada y riesgosa. La verdadera incógnita es lo que pueda llegar a ocurrir en el plano estrictamente nacional. Tres fuerzas serán determinantes en el 2019. La primera es el papel de la Asamblea Nacional. En un país que vive en una situación de hecho y no de derecho, el poder legislativo es la única entidad que resta constitucionalmente; la única legítima y democráticamente constituida. Ahora bien, su capacidad para actuar políticamente no va a depender de los problemas interpretativos de una Constitución que a los efectos prácticos ha sido disuelta; su capacidad de influir y convertirse en un actor relevante para impulsar el cambio va a depender de si efectivamente es capaz de ganar mayor credibilidad, en un momento en el que la oposición se encuentra debilitada debido a sus propias divisiones internas. Si la Asamblea Nacional decide actuar exclusivamente en función de sus prerrogativas formales, es decir, desde el ámbito estrictamente “de jure”, en un contexto en el que las instituciones dejaron de operar, entonces se encontrará con una realidad muy contradictoria: aun siendo legítima y reconocida internacionalmente será políticamente irrelevante. Para revertir esta realidad, el Parlamento debe consolidar alianzas internas y externas, es decir, debe operar eficientemente en la esfera política, para poder garantizar que sus decisiones puedan ser ejecutadas. Tan sólo de esta forma puede llegar a tener un papel preponderante en el proceso de cambio político. De lo contrario, se va a repetir lo que sucedió con las declaraciones de abandono del cargo y con el nombramiento de los poderes públicos alternativos. El segundo actor clave, que representa el principal resorte “de facto” que sostendrá a Nicolás Maduro en el poder después del 10 de enero, será la Fuerza Armada. Hasta ahora, la institución militar ha optado por inhibirse frente a las dudas que circunda la legitimidad de origen de la Presidencia de la República. La legitimidad de origen, que desde décadas atrás siempre ha tenido un carácter democrático, ha sido tradicionalmente la columna vertebral de esa organización pues marca la línea de mando de quien como primer mandatario es el comandante en jefe de la institución. Eso ha operado históricamente de esa manera desde 1958. Ese mismo principio fue también la fuente más importante del liderazgo que sobre ella ejerció Hugo Chávez Frías durante el periodo 1998-2012: su legitimidad estuvo reforzada por el hecho de que nunca perdió una elección presidencial y porque las mismas generalmente fueron ampliamente reconocidas. De ahí que la problemática central para la institución castrense no será tanto los temas interpretativos de la constitución nacional, entre ellos la falta de funcionamiento de la división de poderes, sino la misma legitimidad de origen de la Presidencia de la República. En la medida en que la duda sobre ese origen se continúe profundizando, la presión institucional sobre ella irá en aumento. Es poco probable, dada su aversión al conflicto y su sentido histórico de conservación –así como su deseo de mantener control sobre las rentas económicas que tiene sobre diversos sectores básicos de carácter extractivo–, que en caso de que decida actuar, lo haga como algunos esperarían, sino que más bien termine pronunciándose pública o privadamente sobre la necesidad de impulsar una nueva negociación política que conduzca pacíficamente a un proceso electoral validado internacionalmente. En este sentido, los militares, tan solo con un pronunciamiento institucional de esa naturaleza y sin la necesidad de usar las armas -debido a la fragilidad del sostén jurídico de Maduro-, podrían precipitar de una forma irreversible una crisis de poder. También es indudable que el deterioro institucional y su politización interna se han convertido en un factor de verdadero riesgo, por lo que la insurrección, en caso de ocurrir, puede terminar en un conflicto de alto calibre, el cual podría extenderse como consecuencia de la presencia de grupos irregulares armados en todo el territorio nacional. Ante este riesgo, para el gobierno es fundamental persuadirlos de que la elección del 20 de Mayo de 2018 fue legítima, e incluso producto de una negociación que fue abortada por la oposición en República Dominicana y que la juramentación de Maduro por parte del Tribunal Supremo de Justicia está efectivamente apegada a derecho. Adicionalmente, el gobierno les tratará de vender el discurso de que la presión internacional es producto de una oposición apátrida que está dispuesta incluso a comprometer la soberanía nacional. Es por ello que la inclusión del tema de Guyana en la última declaración del Grupo de Lima resulta inexplicable, debido a que valida ese tipo de retórica oficialista. Si Maduro fracasa en ese objetivo, algo que también depende de la capacidad de la oposición de convencerlos de que la presidencia está siendo efectivamente usurpada y que las consecuencias de ese acto son enormes, entonces su fuente más importante de poder se vería definitivamente debilitada. Finalmente, están las fuerzas internas del chavismo. El chavismo se encuentra electoralmente disminuido, pues sus supuestos triunfos son resultado de un sistema electoral sin credibilidad alguna. Pero es indudable que sigue siendo, individualmente, el principal partido político del país. Chávez, aún después de muerto, posee todavía una alta popularidad en muchos sondeos de opinión pública. La marca política de un movimiento populista como el chavismo, al igual que el peronismo en Argentina, mantiene su valor. En la medida en que la presidencia de Maduro se debilite ante su propia crisis de legitimidad, será cada vez más atractivo para las facciones internas del oficialismo rebelarse para tratar de capitalizar el proceso de cambio político. Existen algunos cuadros políticos, mayormente a nivel de las gobernaciones, que podrían jugar un papel importante de renovación, pero bajo un sistema competitivo, con garantías electorales, probablemente tengan mayores dificultades para ganar cualquier comicio nacional. Pero esto sólo ocurrirá cuando la sostenibilidad de la presidencia de Maduro esté definitivamente comprometida. Tan sólo en ese instante esas facciones comenzarán a ser relevantes. Es indudable que a partir del 10 de enero, Venezuela va a experimentar varios meses de altísima incertidumbre. Maduro va a resistir. No le queda otra opción una vez que ha apostado por quedarse en el poder de la forma cómo lo ha hecho. Pero resistir puede involucrar hacer concesiones económicas y también políticas pero en ningún momento esas concesiones involucrarán unas nuevas elecciones presidenciales. La apuesta es quedarse contra viento y marea. Si logra aguantar, se consolida en el poder, aún si queda herido; pero basta analizar la dinámica tanto política como económica para entender que no tiene todas las cartas marcadas. El costo para el chavismo, incluso para aquellos que lo apoyan dentro del sector castrense, es cada vez más alto y la posibilidad de que estos grupos puedan influir dentro del proceso de cambio, los puede llevar también a tratar de capitalizarlo. Debido a este riesgo, el esfuerzo de resistencia de Maduro será intrínsecamente inestable. Desde un punto de vista económico y social, en la medida que logre aguantar exitosamente, terminará condenando a todo un país. Las consecuencias de esta posibilidad son alarmantes, pero no por ello dejan de ser altamente probables. Ya Maduro ha logrado en el pasado, contra todo pronóstico, mantenerse en el poder. El cambio político tampoco es imposible. Las presiones serán enormes para buscar alguna salida negociada, sobre todo si las sanciones internacionales petroleras terminan de escalar. Pero ese proceso dependerá de una dinámica compleja en un país que va a quedar cada vez más aislado y en el que muchos grupos de diversos orígenes buscarán cooperar para tratar de salir de la situación en la que estamos postrados. Para poder llevar adelante este proceso, se va a requerir de un gran sentido de responsabilidad política, algo que hasta ahora ha estado ausente tanto en el seno de la oposición como del chavismo. El país debe comprender que el problema no lo representa solo el radicalismo sino también los extremismos: el afán de imponerse a costa de los derechos y las garantías de los demás. Dada la fragmentación de todos los sectores del país, quien pretenda controlar el cambio desde su posición, pensando que lo puede aprovechar para sí mismo sin entender las limitaciones que enfrentamos todos, sin comprender que es necesario otorgar garantías, que el ‘todo o nada’ en estos momentos está completamente fuera de juego, estará poniendo en riesgo la única esperanza que tiene Venezuela de reinstitucionalizarse, rescatar su democracia e iniciar su reconstrucción. Venezuela no necesita héroes ni grandes épicas. Requerimos instituciones, derechos, elecciones transparentes y sobre todo una gran dosis de sentido común.
9. ¿Cómo no huir despavorido
de Venezuela?
La tasa de homicidios en Venezuela triplica las de
Brasil, Colombia y México
Por María Rodríguez
María Rodríguez (ALN).- En
América Latina, el mayor índice de muertes violentas por cada 100.000
habitantes lo tiene Venezuela: 89. O lo que es lo mismo, más de 26.600
homicidios en 2017. Se trata de una tasa tres veces superior a las de Brasil,
Colombia y México. “Los datos de Venezuela reflejan que es un Estado en
absoluta descomposición”, resume al diario ALnavío Blas Jesús Imbroda,
presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional.
Venezuela
triplica la tasa de homicidios de México
|
La inseguridad reina en Venezuela, también en forma de homicidios. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) calcula que en 2017 se produjeron 26.616 muertes violentas, 5.535 a manos de las fuerzas de seguridad chavistas. La tasa de homicidios fue de 89 por cada 100.000 habitantes, la más alta de Latinoamérica, según datos recogidos en el balance que realizó InSight Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe. Si se compara esta tasa con las registradas en Brasil, México y Colombia, la de Venezuela es tres veces superior. Según el balance de InSight Crime, en 2017 este índice de homicidios era de 29,7 por cada 100.000 habitantes en Brasil, de 24 en Colombia y de 22,5 en México. En cifras absolutas Brasil registró 61.283 homicidios en 2016 (último dato disponible). En 2017, las muertes violentas en Colombia superaron las 10.000 y en México rozaron las 30.000.
Imbroda: “No sólo no hay
seguridad ciudadana, sino que el propio régimen propicia la
violencia”
“Los datos de Venezuela reflejan que es un Estado en
absoluta descomposición”, afirma al diario AL navío Blas
Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados Penal
Internacional. “Lo que ocurre con Venezuela es que es un régimen que ha
hundido al país. No sólo no hay seguridad ciudadana, sino que el propio régimen
propicia la violencia, creando además una situación de miedo y pánico en la
población y de inseguridad en todos los ámbitos. Por supuesto no hay Estado de
derecho, no hay sanidad, no hay seguridad… En definitiva, es un Estado en
descomposición”, detalla Imbroda. Y es que numerosas zonas de Venezuela están
sin agua potable, sin gas, sin internet y con cortes de luz. Caracas también
sucumbió a los apagones, que la semana pasada afectaron al 80% de la ciudad,
así como a zonas de los estados Miranda, Vargas y Aragua. Además,
el Gobierno racionará la gasolina. Hay quienes creen, como el excandidato
presidencial Henrique Capriles, que Venezuela camina hacia una
implosión (Leer más: Las políticas de Maduro aceleran
el colapso del modelo chavista).Por otro lado, Imbroda también resalta que lo más
grave es que “al régimen le da igual el bienestar de los ciudadanos”. Insiste
en que “el régimen venezolano vela exclusivamente por sus propios intereses,
por mantenerse en el poder a costa de todo” y que como denominador común
“existe una constante violación de los derechos humanos, de los más mínimos
principios de un Estado democrático de derecho y la comisión de crímenes de
lesa humanidad en el país” (Leer más: 14 pruebas que implican al
régimen de Nicolás Maduro en crímenes de lesa humanidad). El mayor
índice de muertes violentas en Latinoamérica lo tiene Venezuela / EFE: Miguel
Gutiérrez. Ya en
2016, el OVV calculó que en Venezuela hubo 28.479 muertes violentas, lo que
representa una tasa de homicidios de 91,8 por cada 100.000 habitantes. InSight
Crime recogió que, de tales muertes, el Gobierno venezolano clasificó 18.230
como homicidios, mientras que el resto fueron considerados casos de
“resistencia a la autoridad” o no catalogados como muertes violentas porque el
móvil del asesino no estaba claro. Según subrayó al diario AL navío Tomás
Páez, sociólogo y creador del Observatorio de la Diáspora
Venezolana, “la cantidad de homicidios [en Venezuela] casi se aproxima a la
cantidad de muertos que ha habido en Siria en siete años de
guerra”. Amnistía Internacional cifra las muertes en la guerra
siria en más de 300.000. Según los datos del OVV los homicidios en este país
latinoamericano se aproximan también a los 300.000 (287.926 víctimas) pero en
un periodo de tiempo casi tres veces superior: 18 años. El OVV informa
igualmente que las muertes violentas en Venezuela pasaron de 4.550 en 1998 a
más de 26.000 en 2017 y 2018 (Leer más: El éxodo venezolano no se parece
a ningún otro por la rapidez y la causa). Caracas, la ciudad más
violenta del mundo Con una tasa de homicidios de 130 por cada 100.000
habitantes, Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Así
se extrae de un informe del Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal publicado en
2017. En el listado elaborado por esta ONG mexicana aparecen
cuatro ciudades venezolanas entre los 10 primeros puestos: Caracas liderando el
ranking, Maturín (con una tasa de muertes violentas de 84,2) en
sexta posición, Ciudad Guayana(82,8) en octava posición y Valencia (72)
en el noveno puesto. Latinoamérica domina la lista puesto que 43 de las 50
ciudades más violentas incluidas en el informe están ubicadas en la región.
10. El falso argumento de la polarización en
Venezuela. Miguel Henrique Otero. ABC.es
El recurso de partir
a la sociedad venezolana en dos bandos fue una de las estrategias predilectas
de Hugo Chávez. Una revisión del contenido de sus discursos no deja resquicio
para la duda: su relación con la realidad era de una burda simpleza. Dividía el
mundo entre lo que le favorecía y aquello que le resistía. Frente a la sociedad
venezolana formuló una exigencia, que fue la de apoyo incondicional. Quien no
aceptara esta condición, adquiría entonces la categoría de enemigo.
La fórmula que dice, o estás conmigo o estás en mi contra, que es el emblema
por excelencia de la polarización, no solo se convirtió en la siniestra marca
de su política, sino que adquirió la categoría omnipotente, de precepto-guía
del conjunto de su gobierno. Si la medida del éxito político de un hombre
consiste en dividir a una comunidad, hay que decir que Chávez triunfó. En la
década comprendida entre el 2002 y el 2012, aproximadamente, la venezolana fue
una sociedad de capas fracturadas. Uno de esos rompimientos, posiblemente el
más doloroso, ocurrió en el seno de las familias. Los vínculos entre parejas,
entre padres e hijos o entre hermanos se quebraron. Amigos que lo fueron por
décadas se distanciaron o pasaron a la condición de
enemigos. Quiero decir con esto que la polarización no se limitó a la esfera
pública, sino que penetró, nada menos, que en nuestros hogares. Enturbió la
convivencia. En muchos casos, tiñó de amargura y alteró para siempre la calidad
de los intercambios entre seres queridos. Hubo unos años, en que casi nada
escapó a la polarización en Venezuela. En centros de trabajo, las afinidades
pre-Chávez se acabaron y dieron paso a la formación de bandos politizados y
confrontados. En centros hospitalarios, en todos los niveles de la
administración pública y del sistema educativo público se abrió la brecha,
entre los que estaban a favor y los contrarios al «proceso». Hasta el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas -IVIC-,
cuyo carácter científico no permitía prever semejante fragilidad, quedó
expuesto a los embates de la polarización y, en consecuencia, sufrió un
debilitamiento del que no ha logrado recuperarse. Aduladores de Chávez, oportunistas
de toda ralea y dirigentes en busca de beneficios, se dieron a la tarea a
elaborar listados de apoyo. La lógica del remitido en apoyo a la dictadura
tiene una peligrosa doble vertiente: quien no lo firma, de inmediato se vuelve
sospechoso. Entra en la lista de los enemigos. En la
fallida historia del régimen de Chávez y Maduro, el capítulo de los
abajo-firmantes del «sector cultural» es uno de los más patéticos y
vergonzosos. Quien vuelva a lo ocurrido en la Rusia de Lenin, en la Italia de
Mussolini, en la Alemania de Hitler o en la China de la Revolución Cultural
encontrará el mismo trasfondo: la polarización es siempre la antesala a la
persecución. Polarización y
persecución son el anverso y reverso de las revoluciones. Una
primera forma de acoso se produjo en forma de exclusión: listados cada vez más
abultados de personas a las que les fueron negados sus derechos al trabajo, a la salud, a pensiones, a la
educación y a otros beneficios. No solo la conocida Lista Tascón, que despojó
de sus derechos ciudadanos a casi 2 millones 500 mil ciudadanos, sino decenas
de otras que circularon en manos de jerarcas rojos, fueron causa de despidos,
impedimento de trámites, negaciones de diverso tenor y expedientes que, en
algunos casos, escalaron hasta tribunales y mucho más. Los revolucionarios
protagonizaron en nuestro país, la que ha sido su práctica policial y judicial
histórica: utilizaron las instituciones para acorralar y propagar el miedo. Pero
a partir del 2012, a velocidad sorprendente, la polarización comenzó a
desinflarse. El número de excluidos, procesados, presos, torturados, asesinados
y víctimas del régimen, comenzó a multiplicarse. La sociedad venezolana comenzó
a entender los vínculos entre la escasez, el hambre, la
enfermedad y la hiperinflación, y las perversas conductas de un
régimen que, además de corrupto y delincuente, excluía y perseguía de todas las
formas posibles. No solo se acabó la polarización, sino que el poder se fue
revistiendo de nepotismo y de formas oligárquicas cada vez más extremas: una
minoría dictatorial, cada vez más reducida, que somete y aplasta a la inmensa
mayoría de la población, con el uso de recursos policiales, militares y
judiciales. La situación venezolana de hoy, nada tiene que ver con
polarización. El actual es un escenario unilateral: una dictadura, cada día más brutal y embrutecida, que propaga un
sufrimiento incalculable al 99% de las familias venezolanas. El nuestro ya no
es un país partido en dos. El imaginario de dos bandos equivalentes que
mantienen una lucha sorda, que impide el diálogo y posibles acuerdos, es falsa,
absurda y ajena a la realidad. Solo al gobierno le interesa propagar,
especialmente fuera de Venezuela, la imagen del país polarizado, para ocultar
el dantesco espectáculo de persecución, muerte por hambre o por escasez de
medicamentos. Los aliados y cómplices de Maduro insisten en repetir en que «el
problema de Venezuela» es producto de la tozudez de quienes se niegan a
dialogar. La estrategia, otra vez, consiste en negar lo que es evidente: que el
país está sumido en una crisis humanitaria que
se extiende y profundiza, hora tras hora; que el poder no tiene interés en
ningún diálogo, salvo que le resulte beneficioso para ganar tiempo o para
dividir a la oposición; y que siguen las detenciones a quienes exigen sus
derechos, que la tortura está cada vez más establecida y que las violaciones a
los derechos humanos son el pan nuestro de cada día.
11. Venezuela se convierte en el
país más violento de América Latina
Florantonia Singer, elpais.es
Venezuela llegó en 2018 al primer lugar de la
alarmante clasificación delos países más violentos de América Latina. El país sudamericano cierra el año con
una tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes —una cifra que lo
coloca como el más violento de la región, por encima de El Salvador y
Honduras— y un total de 23.047 personas asesinadas, según los datos
recopilados por el Observatorio Venezolano de
Violencia. Ante la opacidad de las estadísticas oficiales, este ente
y ocho universidades miden año tras año la magnitud del problema en una nación
que sigue desangrándose por la violencia, exacerbada por la peor crisis
económica, política y social que se recuerda. "En 2017 estuvimos de
segundos, pero nuestros colegas investigadores en Honduras nos han dicho que la
tasa este año estará por la mitad de la de Venezuela, y los de El Salvador
dicen que será cerca de los 60 homicidios cada 100.000 habitantes. Claramente
seremos el país más violento de América Latina y el de más homicidios en el
mundo", ha subrayado este jueves el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio, en
la presentación del informe. La cifra bruta —23.047
muertes violentas— encierra otra aún más preocupante: 10.422 de ellas son
claramente homicidios, pero otras 7.523 corresponden a lo que la policía
clasifica como "resistencia a la autoridad". En otras palabras: casi
la tercera parte ocurrieron a manos de las fuerzas de seguridad, en muchos
casos en episodios de ejecuciones extrajudiciales. El resto —5.102— están
todavía bajo el tupido velo de la averiguación. "El Gobierno ha establecido que la única política para [solucionar] el
problema es [hacer] desaparecer delincuentes y no reducir la delincuencia.
Desde 2015 vemos con preocupación una política de exterminio de los
delincuentes, un aumento de la acción represiva que no conlleva al
fortalecimiento de la seguridad ciudadana y va en contra de la institucionalidad
y los derechos humanos", ha explicado Briceño León en la presentación
del estudio. El trágico récord se alcanzó a pesar de la reducción de la tasa,
desde el 89 cada 100.000 habitantes registrado en 2017. Las razones que
explican esta caída también pasan por el tamiz de la aguda crisis venezolana.
El director del Observatorio Venezolano de Violencia apunta
a que la citada política represiva de "acabar con homicidas", ha
redundado en una reducción de los homicidios, aunque su legalidad y apego a los
derechos humanos "estén en cuestión". El empobrecimiento de la
población de un país que ya supera los 12 meses bajo el
yugo de la hiperinflación también ha traído consigo a un cambio
en la modalidad del delito. "Muchas formas se han vuelto poco rentables
para el delincuente, que opera en función de los beneficios que pueda obtener
en función del riesgo que corre y los costos que debe pagar", agrega Briceño
León. Un tercer elemento que asociado es la alta tasa de emigración: entre los
que se van, en su mayoría los que están en peor condición económica, también
hay muchas personas que pensarían en delinquir como vía para sobrellevar su
mala situación…Aun con la reducción, 296 de los 335 municipios del país están
en lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica de
"epidemia". Es decir, que registra tasas superiores a los 10
homicidios por cada 100.000 habitantes. La localidad más violenta de Venezuela
es El Callao, en el estado
Bolívar, la zona minera del sur del país. Esa población carga con el
fardo de 619,8 muertes violentas cada 100.000 habitantes, una cifra que pone a
este pequeño pueblo a la misma altura que el Medellín de tiempos de Pablo Escobar. La minería legal e ilegal y la presencia
de grupos guerrilleros que participan en el control de las explotaciones son
parte de los factores que inciden en la elevada prevalencia de la violencia en
la zona. El Estado más violento es Aragua, en la región
central del país, a una hora de coche de la capital, Caracas.
Su tasa de homicidios duplica la nacional y el grueso tiene que ver con las
llamadas muertes "por resistencia a la autoridad". A principios de
diciembre, el asesinato de un adolescente de 13 años que lideraba una banda
criminal puso en evidencia el nivel de penetración del crimen en la región.
Además, el director del Observatorio Venezolano de
Violencia apunta que otros estados como Sucre, en la costa
oriental venezolana y Trujillo, cercano a Colombia, comenzaron a figurar este
año entre los más violentos por la expansión del narcotráfico. Las
organizaciones criminales en Venezuela, profundiza Briceño León, se han ido
haciendo más rurales, tomando matices de guerrillas. Y la producción
agroalimentaria se ha convertido en el nuevo botín de la delincuencia, lo que
ha incidido en el aumento de su precio final por los costos asociados a la
seguridad. "No se trata de un fenómeno netamente urbano. Ahora vemos
bandas criminales ubicadas en las zonas rurales, que salen a las carreteras y a
otros pueblos a robar, por ello vemos un vínculo importante entre el delito y
las carreteras del país", cierra el investigador. "Por ejemplo, en la
autopista hacia el oriente del país, los camiones que transportan carga van
escoltados y si van vacíos, circulan con las puertas de la cava abiertas para
mostrar que no llevan nada y evitar ser asaltados por las bandas".
Creo que muchas de las llamadas “ejecuciones
policiales” no se deben a la represión de la delincuencia sino a la competencia
entre “policías delincuentes” (pertenecientes a la “Guardia Nacional” o Guardia
del pueblo y la policía nacional bolivariana, y policías municipales) o “delincuentes
uniformados” y los delincuentes comunes,
en el control de sectores urbanos y de modalidades delictivas. A la
narcodictadura militarista comunista terrorista le importa un bledo el auge de
la delincuencia; por el contrario, la fomentan para así mantener a la población
en situación de inseguridad, desamparo y zozobra, lo que aunado a la escasez de
alimentos y medicinas y al hambre, explican el éxodo masivo y continuo de
compatriotas que se estima llegará en el 2019 a 8 millones.
12 Venezuela después del 10 de enero.
Venezuela entró en las tinieblas. No hay otra forma de describirlo. El 10 de enero marca la decisión voluntaria de una parte del chavismo, así como del estamento militar, de permitir que en Venezuela se entronice una clase política en el poder, que optó por desmantelar el Estado de derecho y abandonar todo vestigio de origen democrático. A partir de esa fecha, como resultado de esta dinámica, lo que se avecina es la naturalización de la anarquía, la profundización del aislamiento internacional y el quiebre definitivo de la economía venezolana. Quienes piensen que a partir del traspaso de este umbral es posible que se abran diversos senderos, se equivocan: o hay cambio político que conlleve a restaurar el orden constitucional y democrático o el país será inviable. La situación es tan dramática, que las distintas maneras como pudiera llegar a ocurrir el proceso de cambio comienzan a ser irrelevantes; lo único sustancial es que ese proceso se materialice lo antes posible. Algunos pueden preferir alguna modalidad que incluya una negociación, otros una fractura interna e incluso algunos otros una ruptura radical. Pero lo cierto es que a estas alturas lo central es frenar la destrucción definitiva del país. Venezuela está absolutamente quebrada. El 2018 marcó la aceleración del deterioro económico y social más grande de nuestra historia republicana. Para finales del año pasado, ya habíamos perdido la mitad del tamaño de nuestra economía. La aceleración de la hiperinflación perdió todo referente histórico latinoamericano. La ola migratoria adquirió proporciones ciclópeas. Y en menos de 10 meses perdimos, según fuentes secundarias, más de 650 mil barriles diarios de producción petrolera; es decir, casi la mitad de la caída de la producción de los últimos cuatro años. Algunos aventajados observadores se preguntarán con razón: ¿cómo fue que el gobierno sobrevivió semejante debacle? La respuesta a esa interrogante abarca un grupo muy amplio de elementos: cerrando y contaminando políticamente la arena electoral, promoviendo la fuga de la población, haciendo ‘‘default’’ de la deuda externa (lo cual le facilitó contar con más de 8 mil millones de dólares de recursos adicionales), condicionando políticamente los subsidios directos e indirectos, permitiendo la extracción de oro a cualquier costo ambiental (que se tradujo en más de 1 mil millones de dólares en exportaciones), manteniendo un férreo control sobre las importaciones y dividiendo a la oposición. Para sobrevivir, el gobierno practicó la indolencia. Estos mismos observadores podrían preguntarse seguidamente: ¿pero por qué no volver a repetir esa misma fórmula en el 2019? El gobierno intentará afianzar algunos de estos elementos a lo largo del nuevo año para mantenerse en el poder, especialmente aquellos que le vienen funcionando en el plano político y social. Sin embargo, la posibilidad de repetir los mismos trucos en el plano económico será muy limitado. La producción promedio de petróleo de todo el 2018 fue de 1.3 millones de barriles diarios y la producción promedio del 2019, con unos precios que han caído ante el debilitamiento de la economía global, estará cercano a los 950 mil barriles diarios. Este colapso productivo y la disminución de los precios petroleros supone una merma del ingreso mucho más alta que la que vivimos anteriormente. De modo que aun si se continúa haciendo ‘‘default’’ y se logra exportar la misma cantidad de oro, Maduro se va a encontrar con una restricción externa significativa. Para cerrar esa brecha, el gobierno podría estar dispuesto a seguir recortando importaciones, pero las mismas ya están en niveles tan bajos que la presión social podría ser prohibitiva. Esta presión, conjuntamente con la hiperinflación, van a terminar de marcar un clima social cada vez más enrarecido en el plano nacional, el cual estará marcado por mayores desigualdades y por una proporción aún más grande de la población viviendo en situación de pobreza extrema. Esto a su vez acelerará el problema migratorio hacia Brasil y Colombia, y terminará de hacer más sensible el tema venezolano. Contrario a lo que espera el gobierno, Rusia y China tampoco saldrán al rescate: el tamaño del problema es demasiado grande. Ambos países ya han comenzado a mostrar más interés en la cooperación política que en la económica y financiera. Cuba también comienza a reconocer privadamente entre algunos países latinoamericanos, pero sobre todo con algunas naciones de Europa, que tiene un gran problema en Venezuela. Frente a esta realidad, Nicolás Maduro no tendrá más alternativa que flexibilizar cada vez más el mercado cambiario, esperando que lo que queda de un sector privado extremadamente menguado, financie directamente parte de las importaciones del país. También cederá mayor control sobre la faja del Orinoco a sus socios internacionales actuales, buscando garantizar un flujo mínimo de producción de petróleo pesado. Igualmente, PDVSA podría extender contratos de servicios a terceros, esperando frenar el colapso de la producción de crudos convencionales. Sin embargo, es poco lo que un sector privado puede financiar sin seguridad jurídica, sin acceso a líneas de crédito internacionales y con un mercado interno cada vez más pequeño. El tamaño de la destrucción productiva del país es demasiado grande. Tampoco es mucho lo que los privados pueden hacer en el sector petrolero. Los requerimientos de inversión para reactivar los pozos de crudos ligeros son extremadamente altos y difícilmente podrán atraer recursos con las sanciones internacionales existentes y con contratos que no tienen el respaldo legal de la Asamblea Nacional. En el fondo, ningunas de estas medidas pueden llegar a ser creíbles en el marco del quiebre institucional y financiero del país. El gobierno comienza a reconocer esta realidad. Según algunos medios internacionales, en un contrato de servicios petroleros recientemente otorgado de forma opaca a un consorcio norteamericano para el Lago de Maracaibo, que es el más grande que hasta ahora se haya firmado, se acepta la validez del mismo sólo si el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extiende una licencia a esta empresa para que pueda operar bajo las sanciones a las que está sujeta tanto Venezuela como PDVSA. El otorgamiento de esa licencia pareciera improbable debido al endurecimiento de las sanciones por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, de ser cierta esa información, el contrato es en sí mismo una confesión pueril de las partes: se acepta que dados los problemas actuales que enfrenta la industria es imposible su recuperación. De ahí que la mayor presión vaya a venir del plano internacional. El impacto de esta presión será cada vez más aguda, precisamente porque las vulnerabilidades externas son cada vez más grandes. El Grupo de Lima, con excepción de México, acaba de anunciar que no reconocerá la juramentación de Nicolás Maduro para un dudoso segundo mandato. Estados Unidos se unió al pronunciamiento y la mayor parte de los países europeos también lo harán. Las probabilidades de que las sanciones internacionales se terminen de recrudecer pocos días después del 10 de enero serán cada vez más altas. Por ejemplo, la posibilidad de que Washington prohíba la exportación de diluentes a Venezuela pondría en riesgo por lo menos 350 mil barriles de crudo pesado. En estos momentos, el piso de la producción petrolera de PDVSA descansa exclusivamente sobre la producción de la faja que podría pasar muy rápidamente, en caso de activarse estas sanciones, de 850 mil barriles a 500 mil barriles diarios. El impacto de esta medida internacional sería enorme. Del mismo modo, la Casa Blanca está discutiendo la opción de incorporar a Venezuela a la lista de países patrocinantes del terrorismo, un pequeño club al que pertenecen otros países petroleros como Irán, lo cual implicaría pasar de ser una nación que tiene un tratamiento de política exterior ligado a una crisis política y humanitaria, a convertirnos en una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La diferencia no es menor, así sea arbitraria. Otros países latinoamericanos también están amenazados con pasar de la retórica diplomática e incorporarse al uso de las sanciones financieras en contra de empresas e individualidades vinculadas al gobierno. Finalmente, actores privados, en particular los acreedores de la deuda tanto soberana como de PDVSA, así como empresas a las que no se les han cancelado sus compromisos, van a continuar actuando judicialmente, buscando tomar control de sus diversos activos internacionales, lo cual puede volver a poner en riesgo la frágil operatividad de la industria petrolera. Por lo tanto, la posibilidad de seguir haciendo default, que fue la táctica más importante en 2018 que utilizó el gobierno para poder sobrevivir financieramente, es cada vez más limitada y riesgosa. La verdadera incógnita es lo que pueda llegar a ocurrir en el plano estrictamente nacional. Tres fuerzas serán determinantes en el 2019. La primera es el papel de la Asamblea Nacional. En un país que vive en una situación de hecho y no de derecho, el poder legislativo es la única entidad que resta constitucionalmente; la única legítima y democráticamente constituida. Ahora bien, su capacidad para actuar políticamente no va a depender de los problemas interpretativos de una Constitución que a los efectos prácticos ha sido disuelta; su capacidad de influir y convertirse en un actor relevante para impulsar el cambio va a depender de si efectivamente es capaz de ganar mayor credibilidad, en un momento en el que la oposición se encuentra debilitada debido a sus propias divisiones internas. Si la Asamblea Nacional decide actuar exclusivamente en función de sus prerrogativas formales, es decir, desde el ámbito estrictamente “de jure”, en un contexto en el que las instituciones dejaron de operar, entonces se encontrará con una realidad muy contradictoria: aun siendo legítima y reconocida internacionalmente será políticamente irrelevante. Para revertir esta realidad, el Parlamento debe consolidar alianzas internas y externas, es decir, debe operar eficientemente en la esfera política, para poder garantizar que sus decisiones puedan ser ejecutadas. Tan sólo de esta forma puede llegar a tener un papel preponderante en el proceso de cambio político. De lo contrario, se va a repetir lo que sucedió con las declaraciones de abandono del cargo y con el nombramiento de los poderes públicos alternativos. El segundo actor clave, que representa el principal resorte “de facto” que sostendrá a Nicolás Maduro en el poder después del 10 de enero, será la Fuerza Armada. Hasta ahora, la institución militar ha optado por inhibirse frente a las dudas que circunda la legitimidad de origen de la Presidencia de la República. La legitimidad de origen, que desde décadas atrás siempre ha tenido un carácter democrático, ha sido tradicionalmente la columna vertebral de esa organización pues marca la línea de mando de quien como primer mandatario es el comandante en jefe de la institución. Eso ha operado históricamente de esa manera desde 1958. Ese mismo principio fue también la fuente más importante del liderazgo que sobre ella ejerció Hugo Chávez Frías durante el periodo 1998-2012: su legitimidad estuvo reforzada por el hecho de que nunca perdió una elección presidencial y porque las mismas generalmente fueron ampliamente reconocidas. De ahí que la problemática central para la institución castrense no será tanto los temas interpretativos de la constitución nacional, entre ellos la falta de funcionamiento de la división de poderes, sino la misma legitimidad de origen de la Presidencia de la República. En la medida en que la duda sobre ese origen se continúe profundizando, la presión institucional sobre ella irá en aumento. Es poco probable, dada su aversión al conflicto y su sentido histórico de conservación –así como su deseo de mantener control sobre las rentas económicas que tiene sobre diversos sectores básicos de carácter extractivo–, que en caso de que decida actuar, lo haga como algunos esperarían, sino que más bien termine pronunciándose pública o privadamente sobre la necesidad de impulsar una nueva negociación política que conduzca pacíficamente a un proceso electoral validado internacionalmente. En este sentido, los militares, tan solo con un pronunciamiento institucional de esa naturaleza y sin la necesidad de usar las armas -debido a la fragilidad del sostén jurídico de Maduro-, podrían precipitar de una forma irreversible una crisis de poder. También es indudable que el deterioro institucional y su politización interna se han convertido en un factor de verdadero riesgo, por lo que la insurrección, en caso de ocurrir, puede terminar en un conflicto de alto calibre, el cual podría extenderse como consecuencia de la presencia de grupos irregulares armados en todo el territorio nacional. Ante este riesgo, para el gobierno es fundamental persuadirlos de que la elección del 20 de Mayo de 2018 fue legítima, e incluso producto de una negociación que fue abortada por la oposición en República Dominicana y que la juramentación de Maduro por parte del Tribunal Supremo de Justicia está efectivamente apegada a derecho. Adicionalmente, el gobierno les tratará de vender el discurso de que la presión internacional es producto de una oposición apátrida que está dispuesta incluso a comprometer la soberanía nacional. Es por ello que la inclusión del tema de Guyana en la última declaración del Grupo de Lima resulta inexplicable, debido a que valida ese tipo de retórica oficialista. Si Maduro fracasa en ese objetivo, algo que también depende de la capacidad de la oposición de convencerlos de que la presidencia está siendo efectivamente usurpada y que las consecuencias de ese acto son enormes, entonces su fuente más importante de poder se vería definitivamente debilitada. Finalmente, están las fuerzas internas del chavismo. El chavismo se encuentra electoralmente disminuido, pues sus supuestos triunfos son resultado de un sistema electoral sin credibilidad alguna. Pero es indudable que sigue siendo, individualmente, el principal partido político del país. Chávez, aún después de muerto, posee todavía una alta popularidad en muchos sondeos de opinión pública. La marca política de un movimiento populista como el chavismo, al igual que el peronismo en Argentina, mantiene su valor. En la medida en que la presidencia de Maduro se debilite ante su propia crisis de legitimidad, será cada vez más atractivo para las facciones internas del oficialismo rebelarse para tratar de capitalizar el proceso de cambio político. Existen algunos cuadros políticos, mayormente a nivel de las gobernaciones, que podrían jugar un papel importante de renovación, pero bajo un sistema competitivo, con garantías electorales, probablemente tengan mayores dificultades para ganar cualquier comicio nacional. Pero esto sólo ocurrirá cuando la sostenibilidad de la presidencia de Maduro esté definitivamente comprometida. Tan sólo en ese instante esas facciones comenzarán a ser relevantes. Es indudable que a partir del 10 de enero, Venezuela va a experimentar varios meses de altísima incertidumbre. Maduro va a resistir. No le queda otra opción una vez que ha apostado por quedarse en el poder de la forma cómo lo ha hecho. Pero resistir puede involucrar hacer concesiones económicas y también políticas pero en ningún momento esas concesiones involucrarán unas nuevas elecciones presidenciales. La apuesta es quedarse contra viento y marea. Si logra aguantar, se consolida en el poder, aún si queda herido; pero basta analizar la dinámica tanto política como económica para entender que no tiene todas las cartas marcadas. El costo para el chavismo, incluso para aquellos que lo apoyan dentro del sector castrense, es cada vez más alto y la posibilidad de que estos grupos puedan influir dentro del proceso de cambio, los puede llevar también a tratar de capitalizarlo. Debido a este riesgo, el esfuerzo de resistencia de Maduro será intrínsecamente inestable. Desde un punto de vista económico y social, en la medida que logre aguantar exitosamente, terminará condenando a todo un país. Las consecuencias de esta posibilidad son alarmantes, pero no por ello dejan de ser altamente probables. Ya Maduro ha logrado en el pasado, contra todo pronóstico, mantenerse en el poder. El cambio político tampoco es imposible. Las presiones serán enormes para buscar alguna salida negociada, sobre todo si las sanciones internacionales petroleras terminan de escalar. Pero ese proceso dependerá de una dinámica compleja en un país que va a quedar cada vez más aislado y en el que muchos grupos de diversos orígenes buscarán cooperar para tratar de salir de la situación en la que estamos postrados. Para poder llevar adelante este proceso, se va a requerir de un gran sentido de responsabilidad política, algo que hasta ahora ha estado ausente tanto en el seno de la oposición como del chavismo. El país debe comprender que el problema no lo representa solo el radicalismo sino también los extremismos: el afán de imponerse a costa de los derechos y las garantías de los demás. Dada la fragmentación de todos los sectores del país, quien pretenda controlar el cambio desde su posición, pensando que lo puede aprovechar para sí mismo sin entender las limitaciones que enfrentamos todos, sin comprender que es necesario otorgar garantías, que el ‘todo o nada’ en estos momentos está completamente fuera de juego, estará poniendo en riesgo la única esperanza que tiene Venezuela de reinstitucionalizarse, rescatar su democracia e iniciar su reconstrucción. Venezuela no necesita héroes ni grandes épicas. Requerimos instituciones, derechos, elecciones transparentes y sobre todo una gran dosis de sentido común.
Michael Penfold, prodavinci.com
Ese análisis parte de premisas
falsas, desconoce, ignora, omite la naturaleza del régimen que impera en
Venezuela. En primer lugar, insiste en llamar Gobierno a una estructura de
poder que se halla en las antípodas de ese concepto. Los gobiernos pueden ser
buenos, regulares o malos; democráticos o autoritarios, etc., pero, para hablar
de gobierno, del griego Kybernetes, timonel de una embarcación, en su
aplicación a una sociedad, el poder que dirige, guía, orienta, preserva el
orden social, realiza las funciones mínimas o básicas de un Estado: garantizar
en una dosis razonable la soberanía de la nación, su integridad territorial, la
seguridad de la vida y bienes de las personas, ejercer la violencia legítima
para preservar la paz pública. Pues nada de esas funciones lleva a cabo la
narcodictadura militarista comunista asociada al terrorismo internacional; todo
lo contrario, el poder de esa estructura mafiosa se basa en la entrega de la
soberanía nacional a la dictadura totalitaria comunista cubana, y la integridad
del territorio a la FARC y el ELN colombianos, a los carteles de la droga, como
el cartel de Sinaloa, a organizaciones del terrorismo islámico. Además, lejos
de garantizar la seguridad de la vida y bienes de los habitantes del que fuera
el territorio nacional, la narcodictadura ha promovido desde Chávez Frías, el
odio y la violencia entre los venezolanos, poco ha hecho para reprimir el
delito, antes bien, lo ha promovido como parte de la estrategia perversa para
mantener a la población en situación de indefensión, miedo, angustia
paralizante (Venezuela es hoy uno de los “países” más inseguros y violentos del
planeta), aunado a la estrategia del hambre: la escasez de alimentos como
resultado de la destrucción del patrimonio agrícola y pecuario: el plan
efectivo de expropiaciones y confiscaciones de tierras en plena producción, de
la empresas de mercadeo de productos: la liquidación del mercado y su sustitución
por el poder para controlar la distribución de los escasos alimentos (las
mafias y el Clap) entre el porcentaje de la población que cuenta con el llamado
“carnet patria”. El autor de este análisis no entiende que la supuesta FAB no es que haya
optado por inhibirse frente a las dudas respecto de la legitimidad del
Narco-presidente, no, no, esa tal fuerza armada desde hace tiempo dejó de ser
un componente institucional de un Estado que desapareció, es un grupo armado
cuya única función es reprimir a la disidencia y preservar la narcodictadura;
se trata de un régimen militar. Los militares se benefician del tráfico de drogas,
Venezuela se transformó en un puente para el envío de la coca colombiana y
boliviana a USA y Europa. Eso de que a
partir de mañana 10 de enero el ex país entrará en las tinieblas es desconocer
que ya ocurrió hace 20 años con la elección y control del otrora Estado por
Chávez y los Castro, o si se quiere, Chávez como hombre-títere de los
sanguinarios cubanos. El signo de las tinieblas es el auge de los ritos de la
santería, de los babalao y paleros: Chávez como practicante de la santería les
abrió la puerta, ya estaban en el país, pero como algo marginal, a partir de 1999 ese culto diabólico se
entronizó como parte de la estructura de un poder maléfico. Un elemento más que
explica la miseria y el horror de Venezuela como Cuba y Haití. ¡Qué carajo!, no
hay manera de que abran los ojos. La única salida es una fuerza multinacional
liberadora (Juan José Monsant). Que la narcodictadura entre a formar parte del
listado de regímenes que promueven el terrorismo no es algo arbitrario señor
Penfold
13 Y bien, en la
hora cero se juramentó maduro como nuevo presidente de Venezuela, y nadie
asumió la presidencia ante ausencia
absoluta del Presidente del Ejecutivo, por vacío o usurpación de poder. Pero la hora
Cero logró precipitar la firmeza internacional, en pleno los países
democráticos del mundo desconocieron la investidura de Nicolás Maduro, y la OEA
emitió una Resolución en el mismo tenor. Ahora queda lo que siempre ha estado:
la ineludible rebelión nacional, acompañada de una Fuerza Multilateral de
Liberación, para emprender la Segunda Independencia de Venezuela, ocupada,
invadida como está, por el G2 cubano y los 20 mil combatientes castristas, por
el Ejército de Liberación Nacional, Hamas, Hezbollah, Siria, Irán y el crimen
internacional organizado que tiraniza Venezuela y desestabiliza la región. Juan José Monsant.
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