La democracia y la función de los partidos políticos. Publicado en soberanía.org, página clausurada por la narcodictadura militarista comunista vinculada al terrorismo islámico

La democracia y la función de los partidos políticos

in Alemania, Chile, Comunismo, Cuba, El Guión, Estado, Fuerza Armada, Golpe 4F - 1992, Henrique Meier, Historia, Ideología, Latinoamérica, Militarismo, Política, Populismo, Rep. Dominicana, Rusia, Totalitarismo, Venezuela / by Editor / on 17/10/2014 at 10:51 AM /

¿Habrán aprendido la lección los dirigentes de los partidos del pasado y de los que emergieron en estos 15 años de “Antipolítica” militarista?

Una contribución pedagógica contra el síndrome de la desmemoria histórica

Henrique Meier / Soberania.org

La democracia política auténtica, es decir, la única realizable en las sociedades nacionales contemporáneas como modalidad del sistema que regula la organización del Estado y sus relaciones con los ciudadanos: la democracia representativa, exige insoslayablemente la existencia de dos o más partidos políticos que tengan la posibilidad real de la alternancia en la titularidad y ejercicio del poder estatal (poderes ejecutivo y legislativo), por medio de un sistema electoral que garantice elecciones periódicas, libres, justas e imparciales.

No importa cuál sea el tipo de sistema electoral conforme a las diversas reglas vinculadas con la elección de los representantes: mayoría absoluta o relativa, representación proporcional de las minorías, elección uninominal o por listas en lo referente a los organismos deliberantes, sufragio universal directo y secreto, o de segundo grado (para la elección de los jefes de estado en las repúblicas parlamentarias), o la combinación del sufragio universal con el voto de los colegios electorales que caracteriza al sistema para la elección presidencial en los Estados Unidos de Norteamérica.

Pero, lo que sí es impensable en el ámbito del Estado, es la posibilidad de una democracia sin partidos políticos^[1]. La negación del bipartidismo y el pluripartidismo, y por tanto, de la democracia representativa, es inherente a dos tipos de regímenes autoritarios, expresivos de la “Antipolítica”:

(i) Las dictaduras militares que abolen expresamente a los partidos políticos y los derechos políticos articulados a la democracia: derecho al sufragio (elecciones), derecho de asociación con fines políticos, derecho de reunión y de manifestación pública con esos fines, libertad de información, comunicación y expresión; y

(ii) Los regímenes totalitarios de partido único o la identificación entre Estado y partido o el Estado-partido (dictaduras totalitarias). En estos últimos: nazismo, fascismo, comunismo, la propia Constitución política reconoce la existencia del partido único, y por ende, la prohibición del pluralismo político-ideológico y de la alternancia en el poder del Estado.

Tal es el caso de Cuba cuya Constitución (1976) en su Artículo 5 declara al Partido Comunista como martiano, marxista y leninista, y le atribuye el carácter de vanguardia organizada de esa Nación, fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, que organiza los esfuerzos comunes hacia los supuestos altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.

Las elecciones en Cuba, como lo fueron también en la ex Unión Soviética, no son tales, sino pura fachada, pues los candidatos que se postulan a los cargos representativos forzosamente son miembros del Partido Comunista seleccionados por la cúpula del mismo, es decir, los hermanos Castro. Ese y otros Estados del pasado de ideología única, ideocracias o Estados ideocráticos, son la antítesis de la democracia.

El cínico discurso de la izquierda marxista-leninista, maoísta, o castrista, plantea la existencia de una suerte de democracia popular, socialista, revolucionaria, diferente a la democracia representativa liberal y burguesa, para tratar disfrazar el totalitarismo estatal y la negación de las libertades civiles, políticas, económicas y culturales.

Ese cinismo se explica por la fuerza cultural de la idea democrática y de los derechos humanos desde la segunda mitad del siglo pasado (la democracia como el desiderátum de organización de las relaciones de poder en el ámbito planetario). Por ese motivo, ningún régimen político de estos tiempos se autocalificaría como dictatorial, y menos totalitario. En el discurso constitucional y el de los personeros del Estado totalitario se postula esa supuesta democracia revolucionaria y socialista.

El maestro García-Pelayo se refiere al origen histórico del Estado de partido único como sigue:

“En el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales surge una nueva estructura política expresada en el Estado de Partido único, el Estado-Partido o en el Partido-Estado, según los gustos, y que, aun con intensidad distinta en cada país, trata de llevar a sus últimas consecuencias la dependencia del Estado con respecto al Partido, si bien no bajo un sistema pluralista u oligopolista, sino monopolista. Es decir, de un lado constituye la negación del Estado de partidos y de otro el punto máximo de la escalada de la determinación del Estado por el Partido. Esta nueva estructura político-estatal surge por primera vez en la Revolución Bolchevique de 1917, si bien el sistema se instala definitivamente a partir de 1921. En este caso, el Estado existente había sido destruido por la Revolución y la guerra civil para dar lugar a una anarquía en la que sólo quedaba el Partido como fuerza sólidamente organizada capaz de ejercer el poder político y de proceder a la organización de un nuevo aparato estatal que desde entonces ha controlado de modo creciente”^[2].

En esa misma obra García-Pelayo^[3] señala las características generales del mencionado sistema político-estatal, a saber:

(a) El partido constituye la élite política reclutada entre todos los estratos del pueblo, variando este criterio de acuerdo con lo que se entienda como pueblo. Así, en la Alemania nacionalsocialista sólo los alemanes pertenecientes a la supuesta “raza aria” constituían al pueblo alemán. En los primeros tiempos de la Unión Soviética determinados estratos sociales no reunían las condiciones para formar parte del Partido Comunista. Incluso, en la Cuba actual, es raro encontrar en la dirigencia del Partido Comunista a hombres y mujeres de origen étnico afrocubano.

(b) Desde sus propios orígenes se trata de un partido combatiente o si se quiere “guerrerista”, pues parte de la premisa del antagonismo existencial entre amigos y enemigos, de modo que su propia existencia exige la aniquilación de los oponentes, es decir, la supresión de una oposición “legitima” o institucionalizada en el partido o los partidos de diferente doctrina e ideología política (elemento esencial de la democracia representativa).

Como si ese sistema sólo pudiera existir en “la tensión de amigo enemigo, una vez ocupado el poder y cuando los enemigos reales han dejado de existir, se inventan nuevos y siniestros enemigos o se eleva a la categoría de tales a los simples discrepantes en este o aquel punto. En resumen, sólo puede vivir en la lucha existencial, actual o potencial, real o ficticia a la que parece considerar como uno de los factores y en ocasiones como el principal factor de integración interna”^[4].

(c) Está liderado por un jefe carismático (Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Castro), aunque en la Ex Unión Soviética, muerto Stalin, la jefatura unipersonal fue suplantada por un proceso de dirección institucionalizada y colegiada “…el carisma originario sustentado en el pasado revolucionario” fue sustituido “por la capacidad de maniobra en los pasillos burocráticos que conducen al poder”^[5].

(d) Ejerce dominio no sólo sobre el Estado en su sentido estricto: el aparato de poder, sino también directamente sobre toda la sociedad mediante el control de las diferentes asociaciones, organizaciones y corporaciones que conforman la estructura social (sindicatos, organizaciones culturales, deportivas, vecinales, etc.).

En el concepto del autor citado, tal rasgo reduce la distinción entre Estado y Sociedad a la unidad de control de ambos términos por el Partido. En mi criterio, ese control termina por aniquilar todo vestigio de sociedad civil autónoma frente al Estado-Partido por medio del proceso de estatalización del individuo.

(e) No es sólo fuertemente ideológico, va más allá: es un sistema ideocrático al imponer sus propios criterios y “valores” (anti valores desde la óptica del Estado democrático de Derecho) tanto al Estado como a la población, controlando el sistema educativo, los medios de información, comunicación y expresión, el ámbito de la cultura en todas sus manifestaciones; en una palabra, tiene una vocación totalitaria^[6].

Jean Pierre Faye en un magnífico ensayo analiza las dos grandes dictaduras ideocráticas del siglo XX: el nacionalsocialismo y el bolchevismo:

“El nacionalsocialismo se ve un instante como ‘nacional-bolchevismo’. El bolchevismo va a verse (y a decirse) ‘bolchevismo nacional’ (y en ese momento va a ser más duradero). Las dos grandes dictaduras ideocráticas del siglo se han entendido finalmente, a extramuros de sus ideologías, como bien observa el historiador Francios Furet. Sus ideologías, no obstante, siguen contemplándose mutuamente cara a cara en esa maquinaria de espejos ‘ideocráticos’. Su deformación ha alcanzado el grado máximo. La doctrina hitleriana de las razas no es ya la diversión aristocrática del conde de Gobineau: la doctrina stalinista de la lucha de clases no es ya la convicción crítica de un Karl Marx, que denunciaba desde 1870 la anexión de Alsacia por Bismark como la primera señal de una ‘guerra de razas’… Una semejanza contradictoria ha aproximado a los dos monstruos humanos enemigos, en ese minuto en que ambos gobiernos emprenderán esfuerzos comunes- según pretenden- para ‘poner fin al estado de guerra’. En verdad- concluye el autor- para aprestarse a la guerra de cincuenta millones de muertos”^[7].

No debe confundirse a esos regímenes de partido único con el hecho político del partido o los partidos de gobierno en las auténticas democracias. Se llama “partido de gobierno” al que obtiene una mayoría significativa de sufragios que le permite gobernar sin alianzas con otro u otros partidos.

Y “partidos de gobierno” cuando la realidad de los resultados electorales o las coaliciones previas a las elecciones plantea la necesidad de un gobierno con participación de dos o más partidos políticos. Ese ha sido el caso de la denominada “concertación” en Chile creada en 1988 como “Concertación de Partidos por el No” que aglutinó a los principales sectores de la resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet.

Esa Concertación derrotó al dictador en el plebiscito nacional del 5 de octubre de 1988. Gobernó desde 1989 hasta las elecciones presidenciales de 2009 en la que la Alianza para la Coalición por el Cambio (partidos de derecha), encabezada por Sebastián Piñera, obtuvo el triunfo para el periodo 2010-2014.

La Concertación de Partidos por la Democracia, Integrada por los partidos Demócrata Cristiano (DC), Por la Democracia (PPD), Radical Socialdemócrata (PRSD) y Socialista (PS), en las elecciones presidenciales del 2013 obtuvo nuevamente un contundente triunfo llevando por segunda vez a la Presidencia de la República a la señora Bachelet para el período 2014-2018.

Otro ejemplo es en Alemania la coalición entre los partidos Unión Cristianodemócrata (CDU) y su homólogo de la bávara Unión Socialcristiana (CSU) y del Partido Socialdemócrata (SPD) para apoyar al gobierno de la Canciller Ángela Merkel.

Ahora bien, el “consenso” puede darse también no obstante un determinado partido logre la mayoría de los sufragios en un proceso electoral. Tal fue el caso de Rómulo Betancourt y su partido Acción democrática en el proceso comicial de 1959, ya que a pesar de haber logrado un triunfo mayoritario en las elecciones presidenciales y legislativas, pactaron una alianza o coalición gubernamental con el Partido Socialcristiano COPEI y Unión Republicana Democrática (URD).

Previo a la realización de esa convocatoria electoral para restablecer la democracia, luego de la caída de la dictadura militar (Pérez Jiménez, 23 de enero de 1958),los líderes fundamentales de los principales partidos políticos del momento: Rómulo Betancourt (Acción Democrática), Rafael Caldera (COPEI) y Jóvito Villalba (URD) suscribieron el 31 de octubre de 1958 un pacto de gobernabilidad llamado “Pacto de Punto Fijo” (en alusión a la residencia donde se firmó el pacto: la quinta “Punto Fijo”, residencia de Rafael Caldera).

A ese pacto de gobernabilidad también se sumaron representantes del sector empresarial y sindical del país, la Iglesia Católica, los militares, los gremios profesionales y en general otras organizaciones sociales. En fin, dicho acuerdo político se transformó en un auténtico “Pacto social” que le dio soporte de legitimidad y gobernabilidad a la democracia representativa fundada en el consenso social.

Mediante ese Pacto los mencionados partidos políticos se comprometieron en tres puntos fundamentales:

a) Defender la constitucionalidad y el derecho a gobernar de acuerdo a los resultados electorales;

b) Constituir después de las elecciones de 1958 un gobierno de unidad nacional con la participación de esos tres partidos en una “coalición de gobierno”; y

c) Ejecutar un programa mínimo o básico de gobierno, cuyas bases se suscribieron y publicaron el 6 de diciembre de 1958^[8].

El objetivo del pacto era garantizarle estabilidad al sistema democrático que se estaba restableciendo. Al poco tiempo del primer quinquenio de la democracia (1959-64), los temores de Rómulo Betancourt respecto de las amenazas contra la democracia provenientes de la derecha reaccionaria militarista y de la izquierda extremista apoyada por Fidel Castro, se hicieron realidad.

Los intentos fallidos de golpes de Estado: el de Castro León quien invadió por el Estado Táchira el 20 de abril de 1969, el Barcelonazo (25 de julio de 1961), el Carupanazo ( 4 de mayo de 1962) ,y el Porteñazo (2 de junio de 1962) por alusión a las ciudades donde se protagonizaron esas tres rebeliones militares (Barcelona, Carúpano y Puerto Cabello); la insurgencia de la guerrilla de la izquierda marxista: Partido Comunista y Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR); el atentado que sufriera Betancourt el 24 de junio de 1960, día del Ejército, cuando explotó una bomba en un vehículo estacionado en el Paseo Los Próceres, donde se celebraría un desfile militar, en el momento en el que pasaba el automóvil presidencial. Betancourt resultó con quemaduras en ambas manos, lo que no le impidió hablarle al país al día siguiente por medio del circuito de la radio y la televisión de la época. Dicho atentado fue planeado y financiado por Rafael Leónidas Trujillo (alias “Chapita”) dictador de la República Dominicana^[9].

El Pacto de Punto Fijo, aun cuando el Partido URD se desligó al poco tiempo del mismo, y el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas, aunado al espíritu democrático que surgió con la sublevación popular del 23 de enero, impidieron que el experimento democrático abortase en esos difíciles años. Marco Tulio Bruni Celli se refiere a ese periodo de estabilidad democrática:

“Primero la coalición derivada del Pacto de Punto Fijo, y luego otros acuerdos entre los partidos políticos creó un ambiente propicio a la estabilidad democrática. Recordemos que después de 1958 tuvimos la más larga estabilidad en la historia de Venezuela. Durante cuarenta años se sucedieron gobiernos democráticos, electos en procesos electorales confiables, presididos por civiles dirigentes de los principales partidos políticos, y no hubo cambios violentos de gobierno, lo que vino a contrastar con nuestra larga historia de gobiernos militares autocráticos, nacidos de la violencia, en guerras civiles o en golpes de Estado, y no en legítimos procesos electorales. También ese largo periodo democrático contrastaba con la situación política imperante en la mayoría de los países de América Latina, sometidos entonces a dictaduras militares como fueron los casos de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú; o que eran víctimas de serios conflictos armados internos, como los países de América Central” ^[10] .

En ese mismo sentido Andrés Stambouli comenta:

“El objetivo de la estabilidad política y su consecuente preocupación por la minimización del conflicto disruptivo de la democracia naciente, enfrentaba la diversidad de actores sociales generadores de conflictos, que los habían creado a un régimen militar y a otro democrático, anteriormente. Una diversidad de actores con intereses, visiones y recursos de poder diferentes. El objetivo de la estabilidad democrática imponía entonces un determinado modo de decidir políticas, si se quería evitar el desencadenamiento de conflictos. El modo conciliatorio de tomar decisiones de Estado, dominante a partir de 1958, se imponía por la fuerza de las circunstancias y por el objetivo de poder deliberadamente perseguido. Las exigencias de la conciliación derivaron en un estilo general, abstracto, ambiguo, en la formulación de políticas públicas estableciendo estados de la sociedad que se querían alcanzar, con los que todos los participantes del proceso conciliatorio estaban de acuerdo”.^[11]

De modo que sin la existencia de dos o más partidos políticos con reales posibilidades de alternarse en el poder del Estado-nacional y de las entidades político-territoriales autónomas en las formas complejas de Estado, vale decir, sistemas bipartidistas (USA, Inglaterra, España) o pluripartidistas (Alemania actual), no cabe calificar como democrático al régimen político de que se trate.

Los partidos políticos constituyen las instituciones de la sociedad política, entre el Estado y la sociedad civil, que permiten hacer realidad el principio de la legitimidad de origen de la democracia mediante sus ofertas político-electorales expresadas en programas y en los candidatos a los cargos de representación popular en las instancias del Estado.

En palabras de García-Pelayo la función de los partidos en la democracia moderna, al igual que el Estado en tanto unidad política, es la de servir al proceso de integración o conversión de la pluralidad de individuos que componen en una unidad capaz de garantizar su orden interno y su existencia respecto del exterior:

“…a cuyo fin, dentro de la sociedad en general, integran, es decir, unifican a grupos de gentes con intereses y criterios comunes desde el punto de vista de sus componentes, pero distintos de los de otros grupos de la sociedad o, dicho de otro modo, los partidos están compuestos de los que ‘participan’ en el mismo programa a la vez que, cada uno de ellos, constituye una ‘parte’ del pueblo políticamente activo. La integración realizada por cada partido se lleva a cabo a través de un proceso en parte racional en parte irracional”^[12].

La parte irracional a la que alude el autor es el denominado “inconsciente colectivo” (Jung) aplicado al campo de las relaciones de poder (Regis Debray), o el conjunto de creencias, mitos, símbolos, susceptible de unificar a sectores de la población y movilizarlos en torno a un partido y sus líderes, o a un líder carismático a cuyo servicio se halla un determinado partido. Esa adhesión emotiva, pasional, que unifica a las masas, que hace sentir al individuo integrado a un colectivo, a un “nosotros” diferente de los “otros”. Y la parte “racional” es la conexión consciente y calculada de los actos de una pluralidad de individuos, orientada a conseguir un objetivo previamente planteado, “…de lo que es expresión el programa del partido. Por consiguiente, los partidos se muestran como una etapa del proceso general de integración del pueblo en el Estado”^[13].

García-Pelayo destaca, en el citado ensayo, los supuestos fundamentales sobre los que se sustenta la función de los partidos dentro de un orden democrático:

(a) El primero y básico atañe al principio del origen inmanente del poder, vale decir, el principio, según el cual, el origen del poder radica en el pueblo como sujeto colectivo titular de la soberanía^[14]. El Artículo 5 de la actual Constitución formal del país expresa que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la norma constitucional o en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. En la realidad de las relaciones de poder el régimen castro-chavista-madurista mantiene confiscada la soberanía popular mediante la manipulación fraudulenta del sistema electoral^[15].

En la concepción democrática el pueblo es el origen del poder, pero como advierte García-Pelayo, se trata de una entidad políticamente “amorfa” que requiere de un proceso de “configuración política” por instrumento de los partidos. En ese proceso el pueblo se pluraliza en un conjunto de grupos o partidos políticos. Sin embargo “para que el sistema de partidos pueda funcionar adecuadamente es preciso que bajo tal pluralismo haya una unidad subyacente de pueblo, es precisa una participación de todos o de un gran mayoría en unos mismos mitos, símbolos, creencias, intereses y valores que proporcionen un terreno común y neutral en el que los partidos puedan entenderse en medio de sus disputas, y que sea lo bastante sólido para que las contiendas partidistas no amenacen romper la unidad básica del pueblo, supuesto de la unidad democrática del Estado”^[16].

Dicho con otras palabras: el sistema democrático requiere de un “consenso básico” por parte de la mayoría de la población en lo que respecta a la legitimidad social de ese sistema; de lo contrario, el orden democrático no resistirá la irrupción de las fuerzas antidemocráticas que se generan en su propio seno (la dialéctica democracia-autoritarismo).

(b) En segundo lugar, el orden democrático sólo puede existir en aquellas sociedades nacionales organizadas en una estructura institucional que permite la diferenciación entre el Estado y Sociedad. Y esto porque hay otras construcciones políticas fundadas en el origen popular del poder que no se sustentan en el sistema de partidos. Pensemos en el régimen nacional socialista en Alemania y la figura del “Führer”, la integración del pueblo alemán (1933-1945) en torno a la persona de Adolfo Hitler mediante el procedimiento plebiscitario y la aclamación^[17].

García-Pelayo hace mención también de los sistemas en los cuales los poderes sociales eran ya, en sí mismos, no sólo poderes políticos, sino poderes político-jurídicos cual fue el caso de la “constitución estamental” en la que los tres grandes estamentos: clero, nobleza, estado llano, eran al mismo tiempo grupos sociales “…y si se me permite la expresión, órganos del Estado, ya que sin asentamiento, otorgado en asamblea, no podía establecerse una nueva ley, un nuevo impuesto o resolver un negocio arduo”^[18].

El advenimiento del liberalismo trajo consigo una distinción entre el Estado y la Sociedad, entre los poderes político-estatales y los sociales. En el sistema liberal el Estado monopoliza el poder público^[19], pero sus potestades y competencias se hallan estrictamente limitadas por ley y se restringen a establecer un marco para la libre acción de la sociedad “…como un territorio inmune al poder estatal, y compuesto por el conjunto de relaciones e instituciones derivadas del despliegue de la vida privada de los hombres. Pero como el poder político viene del pueblo era preciso encontrar un vínculo entre el Estado y la Sociedad y a este fin sirven las elecciones de representantes y, como un momento en el proceso de la representación, los partidos políticos”^[20].

(c) La existencia de los partidos políticos es la respuesta a las necesidades de un nuevo tiempo políticamente dinámico; un tiempo en el cual la política se transforma en una actividad permanente y cotidiana, pues caso contrario -como advierte García-Pelayo- sería suficiente con que el pueblo o sus representantes acudieran de tiempo en tiempo a las asambleas o los colegios electorales.

El ilustre politólogo y constitucionalista cita el ejemplo de la República romana en la que el pueblo en situaciones normales se limitaba a acudir a las asambleas “y aunque sin duda para tal acto se formaban fracciones contrapuestas, éstas no duraban más que las asambleas mismas; pero durante los tiempos políticamente dinámicos de la historia romana se formaron unos grupos análogos en ciertos aspectos a los modernos partidos políticos, aunque distintos en otros, dada la diferencia de estructura jurídica, económica y social de nuestra época y de la República romana”^[21].

(d) La pluralidad de partidos en relaciones de concurrencia o competencia se basa doctrinariamente no sólo en el principio de la soberanía popular, sino, asimismo, en la creencia originada en el siglo XVIII, en una suerte de “armonía” preestablecida, en el sentido de que dejadas las cosas a su propio impulso y por medio del juego de la competencia entre ellas, son susceptibles de generar un orden espontáneo.

El desarrollo de esa idea en el campo económico produjo la teoría y práctica de la economía de mercado o economía libre, que se fundamenta, precisamente, en la competencia o concurrencia entre las diferentes empresas que ofrecen sus productos a los consumidores cuya consecuencia es el surgimiento del mejor de los órdenes económicos posibles.

Dicha teoría, aplicada al campo internacional:

“…dio lugar a la doctrina y práctica del equilibrio internacional; incidió en la construcción del Estado con la división de poderes, tal como fue formulada por Montesquieu, y en la consideración del Parlamento como el órgano más importante del poder público, en el que las decisiones se logran mediante la contraposición de opiniones, de acuerdo con el principio ‘de la discusión sale la luz’. Y también el pluralismo de partidos en relaciones de concurrencia y de lucha por el voto del electorado, así como la creencia de que tal lucha genera el orden de la voluntad nacional, constituyen un despliegue del aludido principio de la armonía preestablecida, de la creencia en un orden espontáneo e inmanente de las cosas”^[22].

(e) El sistema de partidos, y en particular, la consideración de los partidos como único medio legítimo de acceso al Estado en la democracia liberal, se fundamenta, también, en la concepción individualista de la sociedad basada en las ideas filosóficas del siglo XVIII:

“…que estimaban del mismo modo que las ciencias naturales para captar los objetos de su estudio, disolvían la realidad en sus últimos elementos (átomos y fuerzas) reconstruyéndola de nuevo con arreglo a un esquema racional, así la sociedad había de ser descompuesta en sus últimos componentes irreductibles a ulterior división, es decir, en individuos para, a partir de ellos, proceder a estructurarla con arreglo a un orden racional. O dicho de otro modo, tal teoría de la sociedad ignoraba la realidad sustantiva de las corporaciones y los grupos sociales. Por tanto, sólo los individuos contaban políticamente, sólo los individuos integraban al Estado, sólo los individuos estaban representados; pero como la integración directa individuo–Estado se mostraba imposible, surgieron… los eslabones intermedios de los partidos”^[23].

Los partidos políticos de vocación institucional, es decir, que pretenden trascender el “momento electoral” deben^[24] llevar a cabo una triple función, a saber:

(i) Una función de “encuadramiento” o agrupamiento tanto de las postulaciones de los candidatos a los cargos de representación popular como de los electores, militantes activos o simpatizantes del respectivo partido, conforme a una oferta electoral determinada;

(ii) Una función ideológica (en el mejor sentido de la palabra, no en su sentido peyorativo) que consiste en coadyuvar a la formación de la opinión política de sus adherentes, con fundamento en una doctrina o programa que defina la orientación axiológica de la organización (liberalismo, democracia cristiana, social democracia); y

(iii) Una función destinada a garantizar la sustentabilidad del sistema democrático coadyuvando a la formación de la conciencia democrática de la población, vale decir, a la divulgación de los valores y principios sobre los que se apoya el régimen democrático^[25].

Quizás una de las causas de la crisis de la democracia venezolana a raíz del triunfo de Chávez Frías en 1998 y la instauración del régimen neoautoritario y militarista de vocación totalitaria (1999 al presente), se deba, aparte de la defenestración de Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato presidencial y su juicio y condena por motivos estrictamente asociados a “perversos intereses” de grupos e individualidades de gran influencia política^[26] cuya consecuencia fue el debilitamiento de la democracia (y la exaltación del golpista Chávez Frías), al fracaso de los partidos en la afirmación de los valores democráticos.

A ello se refiere Bruni-Celli:

“Entre nosotros la estabilidad social y política de los cuarenta años no sólo fue el resultado de un empeño en crear, con escasos resultados en lo que se refiere al grueso de la población, una cultura democrática. Creo que esa estabilidad reposó más bien en una prolongada práctica del clientelismo político, caracterizada por permanentes transacciones e intercambio de bienes y servicios de arriba hacia abajo por apoyos y lealtades de abajo hacia arriba… En una apreciación retrospectiva pudiéramos decir ahora que aquella negociación clientelar-populista que se prolongó por varias décadas generó, particularmente en el liderazgo democrático venezolano de entonces, una falsa apreciación y equívoco- cada evaluación de los masivos apoyos lectorales que recibieron los dos grandes partidos a lo largo de cuatro décadas. La desviación clientelar-populista se había convertido en un hecho ‘normal’ dentro del proceso político… No se diseñó y mucho menos se puso en ejecución una amplia y seria campaña de formación de los valores democráticos. Contra la creencia generalizada entonces de que efectivamente se había alcanzado un grado de legitimidad, es decir, una corriente de compromiso y afecto hacia el sistema democrático, los hechos posteriores demostraron que no era así, que no se había generalizado en la población esa pretendida cultura cívica, al menos en grado suficiente para afirmar que la mayoría de la población lo considerara como el sistema político más apropiado”^[27].

Lamentablemente, las principales organizaciones partidistas (AD, COPEI, MAS) se redujeron al “clientelismo electoral” señalado por Bruni Celli, a colocar a sus dirigentes y militantes en cargos públicos, a medrar del presupuesto nacional. Abandonaron la formación de sus cuadros medios, sus estructuras se rigidizaron y burocratizaron. Imperó el centralismo y el autoritarismo, la ausencia de la democracia interna. Lo que en venezolano se denomina el “cogollo” para indicar el control de los partidos por una burocracia desligada de sus bases sociales.

¿Habrán aprendido la lección los dirigentes de los partidos del pasado y de los que emergieron en estos 15 años de “Antipolítica” militarista?

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Referencias:

[1] En otros ámbitos de la vida social la democracia no requiere de partidos políticos como son los casos de los sindicatos, las universidades, las asociaciones de vecinos, las juntas comunales, etc. Es más, no conviene que esas organizaciones de la sociedad civil sean objeto de politización y de ideologización por la presencia del activismo partidista en los procesos de elección de sus autoridades, ya que ello contribuye a desnaturalizar los fines de tales organizaciones.
[2] García-Pelayo, Manuel (1991). El Estado de Partidos. En Obras Completas. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. Tomo II, p. 2033.
[3] IBIDEM, p. 2034
[4] IBIDEM; p. 2034.
[5] IBIDEM, p. 2034.
[6]En otra de sus ensayos, García-Pelayo expresa: “Un solo partido se convierte en el único portador de la única doctrina política con posibilidades de vigencia y en única vía de acceso del pueblo hacia el Estado. Ahora el proceso de la politización total de la vida llega a su plenitud, pues el partido, que imprime su sello a la vida toda del Estado, no exige de sus miembros solamente la adhesión a unos principios o criterios políticos dejándolos en libertad de opinión y de actuación para todo lo demás, sino que les exige creer en una determinada concepción del mundo, mantener una cierta filosofía de la historia, tener como justa una determinada doctrina económica, sostener una previa postura frente a la religión, etc., todo ello autoritariamente impuesto, de modo que sus órganos superiores están dotados del “poder de definición”, es decir, no sólo de decidir lo que es políticamente procedente, sino también lo que, en cualquier campo desde la estadística a la metafísica es erróneo o certero” . García- Pelayo, Manuel (1991). Sobre los Partidos Políticos Obras Completas, Tomo II, opus cit, p. 2.530.
[7]Faye, Jean Pierre (1998) El Siglo de las Ideologías, Ediciones del Serbal, p.38
[8] Vid, Stambouli (2005) La Política Extraviada. Una historia de Medina a Chávez. Fundación Para la Cultura Urbana. Caracas, pp. 125-130.
[9]Estas fueron sus palabras: “El país debe retornar a sus actividades normales. El Gobierno tiene el control de la situación. La lealtad de las Fuerzas Armadas al régimen constitucional se ha reiterado en esta ocasión. Ocho horas después del atentado, con las manos vendadas, me vine a Miraflores porque el puesto del timonel es en el timón”. Enhttp://www.saber.ula.ve.
[10]Bruni-Celli, Marco-Tulio. Los Partidos Políticos y la Democracia en Venezuela. En http://apps. Ucab.edu.ve/Club de Roma Venezuela/LIBRODEMTBUNIC.DOC, pp. 7-8
[11] Stambouli, opus cit, p. 134.
[12] García-Pelayo. Sobre los Partidos Políticos, opus cit, p. 2.525.
[13] IBIDEM, p. 2225.
[14] Coincido con Bobbio en que el titular de la soberanía no es el pueblo como entelequia abstracta sino los individuos en su condición de ciudadanos, pues “Pueblo no es sólo un concepto ambiguo, precisamente porque no existe sino como metáfora de un conjunto llamado “pueblo” diferente de los individuos que lo componen, sino también es un concepto engañoso: siempre se ha hablado de “pueblo” comenzando por el pópulos romano para pasar al pueblo de las ciudades medievales y llegar a los gobiernos populares de la época moderna, aun cuando los derechos políticos pertenecían a una minoría de la población…En la democracia moderna el soberano no es el pueblo, sino todos los ciudadanos. El pueblo es una abstracción, cómoda pero al mismo tiempo, como he dicho, falaz: los individuos, con sus defectos e intereses, son una realidad. No por casualidad en la base de las democracias modernas están las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, desconocidas por la democracia de los antiguos. La democracia moderna reposa sobre una concepción individualista de la sociedad…Entiéndase bien: la concepción individualista de la que estamos hablando en las tres dimensiones, ontológica, ética y metodológica, no desecha la consideración de que el hombre también es un ser social, ni considera al individuo aislado como micro y macrocosmos al mismo tiempo, a la manera de Stirner y en general del anarquismo filosófico…Existe el individualismo de la tradición liberal-libertaria y el de la tradición democrática. El primero arranca al individuo del cuerpo orgánico de la sociedad y lo hace vivir fuera del seno materno metiéndolo en el mundo desconocido y lleno de peligros de la lucha por la supervivencia, donde cada cual debe velar por sí mismo, en una lucha perpetua, ejemplificada por el hobbesiano bellum contra omnes. El segundo lo reintegra a sus semejantes para que de su unión la sociedad sea considerada ya no como un todo orgánico del que brotó, sino como una asociación de individuos libres. El primero reivindica la libertad del individuo frente a la sociedad; el segundo lo reconcilia con la sociedad haciendo de esta el resultado de un acuerdo libre entre individuos inteligentes. El primero hace del individuo un protagonista absoluto, fuera de cualquier vínculo social, el segundo lo hace protagonista de una nueva sociedad que emerge de las cenizas de la antigua, en la que las decisiones colectivas son tomadas por los mismos individuos o por sus representantes”. Bobbio, Teoría General de la Política (2003). Editorial Trotta. España, pp. 410-411-412.
[15]Señala García-Pelayo que “Cuando no nos encontramos ante una concepción inmanente sino trascendente del poder, éste se estructura de arriba a abajo, generalmente a través de un aparato de funcionarios que reciben sus competencias desde la instancia central y cuyos altos escalones sirven de iure de asesores políticos de dicha instancia (rey, caudillo, etc.) y de facto la ejercen a veces. Tal fue, para poner un ejemplo, el sistema del absolutismo monárquico europeo”. García-Pelayo, Sobre los Partidos Políticos, opus cit, p. 2527.
[16] IBIDEM, p. 2.527.
[17]La realización del principio de la jefatura en la concepción político-constitucional de Carl Schmitt “desemboca en la abolición del Estado de Derecho con división de poderes y en la constitución de un estricto Estado de gobierno, que ya no se legitima en una representación popular que recibe el nombre de parlamento sino sólo en los plebiscitos…Se suprime, pues, la elección en el sentido democrático-parlamentario de acuerdo a la voluntad político-constitucional de Carl Schmitt. Con ella se suprime también la corporación representativa, constituida mediante elección: el parlamento democrático. Si existe alguna institución que se le asemeje, se llevará a cabo sólo por los cauces de la sumaria aprobación plebiscitaria de una lista de propuestas presentada exclusivamente por el gobierno. Ahora, bien a esta lista de propuesta no llega nadie por determinación democrática desde abajo sino únicamente por selección desde arriba, por selección efectuada por la jefatura…Ahora bien, la decisión material plebiscitaria queda de igual manera y exclusivamente en manos de la jefatura y el gobierno. La decisión popular y el procedimiento legislativo quedan sustituidos por un “derecho de preguntar al pueblo”, a favor del gobierno, de forma tal que no pueden producirse por sí mismos. Cuando el gobierno plantea una pregunta al pueblo Carl Schmitt, “reconoce la voluntad del pueblo al que ha preguntado como normativa y se considera vinculado a ella y no derogará la ley establecida mediante consulta al pueblo”…El procedimiento de formación de la voluntad por medio de la mayoría, previas a las correspondientes negociaciones y discusiones, queda eliminado en favor de un simple procedimiento de aclamación, al que no preceden ni negociaciones ni discusiones sino únicamente encendidos discursos y llamamientos. El objeto de tales procedimientos tampoco lo constituyen como en las votaciones parlamentarias, acuerdos legales determinados o inteligibles en su materialidad sino que, en el mejor de los casos, serán directrices generales, cuya ejecución con todas sus consecuencias se confiará en forma incontrolable a una autorización a favor de la jefatura, autorización general, imprecisa y de hecho ilimitada, teniendo en cuenta que dicha jefatura, por su parte, exige de los que la aclamen sobre todo lealtad y, bajo invocación permanente de los deberes de fidelidad, disciplina y obediencia, persigue la resistencia a la crítica por ser “desmoralización extraña a la raza” y la somete por la fuerza”. Fijalkokowski, Jüregen (1966). La Trama Ideológica del Totalitarismo. Tecnos. Madrid, pp. 234, 235 y258.
[18]García-Pelayo, Sobre los Partidos Políticos, opus cit. p. 2.528.
[19] Se trata del monopolio de la declaratoria del Derecho en lo general y de su aplicación a los casos concretos o la administración de la justicia, y del monopolio de la violencia legítima y de sus medios institucionales y materiales: policía, fuerzas armadas. Ambos monopolios son inherentes al Estado, prescindiendo de su connotación axiológica, sólo que en el modelo democrático-liberal la función jurídica del poder estatal no puede exceder los expresos límites constitucionales, en particular, la garantía de los derechos y libertades ciudadanos y el principio de separación de poderes. Por otra parte, y como ya lo he señalado, el propio Estado reconoce y garantiza un ámbito para la creación de derecho por los particulares con fundamento en el principio de la autonomía de la libertad que se manifiesta en la libertad de asociación y la libertad contractual dentro de los límites establecidos en la ley. Al respecto, uno de los principios esenciales de la democracia liberal es el principio pro-libertad o el derecho genérico de toda persona a realizar cualquier acto o actividad que no esté expresamente prohibida por ley: la libertad la regla, la prohibición, la excepción. Asimismo, y aunque la administración de la justicia también sea de la competencia exclusiva del poder estatal, en la democracia liberal se reconoce el derecho a los particulares a resolver sus disputas, sin necesidad de incoar la instancia judicial, mediante la denominada “justicia alternativa”, o el procedimiento del arbitraje que consiste en la designación entre las partes en conflicto de juristas especialistas que actúan como árbitros sin tener la condición de funcionarios públicos. A esos fines se crean centros de arbitraje autónomos respecto del Estado para dirimir las controversias de acuerdo con ese sistema y conforme a la normativa que regula esos centros. Tanto la libertad de asociación, que incluye la libertad de empresa, y la libertad contractual, así como el derecho a dilucidar disputas fuera de la jurisdicción estatal, están articulados a la economía de mercado o la garantía de la propiedad privada sobre los medios de producción. En una economía estatalizada (socialismo) no hay cabida para los derechos articulados a la libertad-autonomía. En lo atinente al monopolio de la violencia legítima, en la democracia liberal las fuerzas del orden deben actuar dentro del marco que le fijan la constitución y las leyes, en especial las garantía asociadas al respeto a la libertad individual. Una última acotación: la democracia liberal parte del supuesto de que el Estado es una creación de la sociedad por medio del contrato o pacto social, y de ahí se explica la esfera de autonomía de la sociedad y del individuo con relación al Estado; por el contrario, para la concepción totalitaria en sus diversas connotaciones ideológicas, la sociedad es una creación del poder, o en cualquier caso, puede transformar radicalmente el orden social precedente creando uno nuevo. Ese es el propósito de las llamadas revoluciones ideocráticas.
[20]García-Pelayo, Sobre los Partidos Políticos, opus cit, p. 2.528.
[21] IBIDEM, p. 2.528
[22]IBIDEM, p. 2.529.
[23]IBIDEM, p. 2.529.
[24] Puede que lo hagan de manera ineficiente, o simplemente renuncien a esas funciones, limitándose a lo estrictamente electoral y a utilizar al Estado cuando acceden a su poder como botín de guerra.
[25] Hoy asistimos al desprestigio generalizado de la política, los políticos y los partidos políticos, hecho que caracteriza a la sociedad global de nuestro tiempo. La percepción, en particular de los jóvenes, de la política y los políticos como sinónimo de corrupción, de vínculos nada legítimos entre empresarios y políticos, de los partidos políticos como organizaciones poco sensibles a los problemas reales de los ciudadanos. Tal percepción, aunque ha sido magnificada por los promotores de la Antipolítica, responde a situaciones reales. El movimiento de los “indignados” en España y en otros países, la frase “que se vayan todos” es el reflejo de un desencanto. Tal desprestigio y desencanto crean un vacio que es aprovechado por líderes carismáticos surgidos de la nada u organizaciones extremistas de vocación antidemocrática que entonces llenan los espacios que van perdiendo los partidos y los políticos tradicionales. A ello se refiere Moisés Naim: “En las elecciones parlamentarias de 2010 en Brasil, por ejemplo, el candidato que más votos obtuvo (y el segundo congresista más votado en la historia del país) fue un payaso: un payaso de verdad, apodado Tirica, que hizo la campaña vestido de clown. Su programa iba dirigido contra los políticos. “No sé qué hace un representante en el congreso –decía a unos votantes en unos videos de You Tube que tuvieron millones de espectadores-, pero si me envían allí, me enteraré y se los cuento”. También explicó su objetivo: “Ayudar a los necesitados de este país, pero en especial a mi familia…En Italia, el cómico Beppe Grillo, que arremete contra políticos de todas las ideologías, escribe el blog más seguido en el país y llena los estadios con sus apariciones…En las elecciones locales de ese año […2012], el movimiento Grillo llegó a tener una aprobación del 20 por ciento en las encuestas y ganó varias alcaldías. Y en las elecciones generales de 2013, su movimiento recién creado Cinco Estrellas obtuvo más votos que ningún otro partido. En Canadá Robert Ford –cuyas transgresiones en el pasado habían dado a sus rivales munición para fabricar pancartas que decían “Borracho, racista y maltratador para alcalde”- salió elegido Alcalde de Toronto en 2010…En Estados Unidos, el ascenso del movimiento del Tea Party- nada desorganizado, pero al mismo tiempo muy alejado de cualquier organización política tradicional – impulsó a candidatos como Christine O´Donnell quien coqueteaba con la brujería y que hizo de la oposición a la masturbación un elemento clave de su programa”. Naim, Moisés (2013). El fin del poder. Debate. Colombia, pp. 124-125.
[26] La convergencia de venganzas personales, de pase de factura de su propio partido AD por haber conformado un gobierno con personas independientes, los brillantes economistas eufemísticamente llamados los “Chicago Boys”, la defensa de los intereses de los “empresarios” acostumbrados el proteccionismo estatal, temerosos de la “libre competencia”, de la apertura hacia la “economía de mercado” de la política económica del gran viraje con el desmontaje del control de precios y de divisas, y el restablecimiento de las garantías económicas suspendidas desde la propia promulgación de la Constitución de 1961, la conspiración de los “notables”, algunos de ellos resentidos por no haber accedido a importantes cargos de poder; en fin, una auténtica conjura de los poderes públicos del momento: Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la República. Sobre el particular véase mi artículo en esta misma página WEB soberania.org ¿Cuándo se jodió Venezuela?
[27] Bruni-Celli, Marco Tulio (2005). Gobernabilidad democrática. En Gobernanza, laberinto de la democracia. Informe del Capítulo del Club de Roma. María Ramírez Ribes (compilación y prólogo). Caracas, p 64.

Henrique Meier | Director del Área de Estudios Jurídicos y Políticos del Decanato de Estudios de Postgrado de la Universidad Metropolitana.
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