¿Cuándo se jodió Venezuela?, publicado en soberania.org, página clausurada por la narcodictadura militarista comunista terrorista
in Caracazo, Corrupción, Estado, Golpe 23E - 1958, Golpe 27N - 1992, Golpe 4F - 1992, Henrique Meier, Historia, Justicia, OEA, Política, Populismo, Totalitarismo, Venezuela / by Editor / on
01/10/2014 at 12:51 PM
¿Aprenderemos
de esta nefasta experiencia?
Un aporte contra la desmemoria de la historia
Acción Democrática llegó a ser el más importante partido político de masas en la historia de Venezuela por el número de militantes y simpatizantes y su presencia organizativa en todo el territorio nacional: estados, municipios, parroquias. No había pueblo, por más pequeño que fuere, que no tuviese una casa del Partido, la sede del comité de base. Y además, por el número de votos alcanzados en las sucesivas elecciones desde el año 1946 hasta el año 1989, con el paréntesis de los 10 años de dictadura militar.Desde la segunda elección de Carlos Andrés Pérez se inició el declive de ese partido popular y policlasista, al mismo tiempo que la democracia de partidos o República civil socio-liberal. Los diferentes Presidentes de la República de militancia adeca confirman ese hecho: Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt (2 veces)[1], Raúl Leoni, Jaime Lusinchi, Carlos Andrés Pérez (2 veces).
De los 40 años de la alternancia en el poder en la
etapa de la democracia de partidos (1959-98), Acción Democrática
gobernó, con o sin aliados, durante 23 años, COPEI 10 (Rafael Caldera[2]
y Luis Herrera Campins), 2 años Ramón J. Velázquez como Presidente
provisional designado por el Congreso (1993-94) cuando Carlos
Andrés Pérez fue defenestrado en su segundo mandato (1989-93) mediante una
confabulación, una conjura en la que participaron algunos de los miembros de su
propio Partido (el llamado “cogollo”), el grupo de los “notables”,
algunos dueños de medios de comunicación social, las organizaciones
empresariales que rechazaban la apertura económica, la libre competencia y el
abandono del proteccionismo estatal, el Fiscal General de la República,
la Corte Suprema de Justicia, y el Congreso de la República de
entonces. Por sus convicciones democráticas Pérez acató su sometimiento a un
juicio de indudable cariz político.
Las consecuencias de ese error histórico no se
hicieron esperar: fue el hecho que sepultó definitivamente a la democracia que
había resurgido en 1958, luego del trienio adeco (1945-48), pues tal juicio,
lejos de fortalecerla como algunos proclamaron a los cuatro vientos, la
debilitó en extremo.
En verdad el juicio y la condena a Carlos Andrés
Pérez[3],
cuyo gobierno había implementado un exitoso programa de medidas económicas, un
viraje de 180 grados respecto de la ideología estatista y centralista de su Partido,
de COPEI y en general de todas las organizaciones políticas del país (el
ADN cultural de la clase política): liberación de precios, desmontaje
del control de divisas, promoción de la libre competencia, descentralización
administrativa con la elección de los gobernadores de Estado y alcaldes
municipales y transferencia de competencias del Poder Nacional a esas
instancias, significó darle la razón al Teniente Coronel Chávez Frías que había
intentado un golpe de Estado militar en febrero de 1992.
Me atrevería a decir, utilizando el título de un
libro del escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, ¿En qué momento
se jodió Colombia?[4],
según el autor, cuando asesinaron al líder liberal Jorge Eliécer Gaitán
en 1948 (el “Bogotazo”).
¿Cuándo se jodió Venezuela?
No fue el viernes negro (1983) con la devaluación
del bolívar después de más de 30 años de estabilidad monetaria, tampoco el
llamado “caracazo” del 27 de febrero de 1989 o el quiebre de la “ilusión
de armonía”, ni los fallidos golpes de Estado del 4 de febrero
y 27 de noviembre 1992, ni el distanciamiento de los partidos políticos
de las clases populares (factor insuficiente per se); no, el país se jodió
hasta el día de hoy cuando el Congreso destituyó a Carlos Andrés Pérez y la
Corte Suprema de Justicia lo juzgó y condenó.
La consecuencia de tal hecho, como antes acoté, fue
darle la razón al golpista Chávez Frías. La condena a Pérez
impactó en el imaginario colectivo: los partidos no sirven, la democracia es
corrupta, apoyemos a Chávez Frías el Bolívar resucitado, según la
infeliz frase de Pablo Neruda a “Bolívar despierta cada 100 años”…,
el caudillo miliar, el salvador de la patria. Es lo que explica que la
mayoría del electorado haya optado por el militar felón y demagogo que prometió
“villas y castillos” y freír en aceite las cabezas de los adecos y los
copeyanos.
Esa mezcla de promesas de redención y justicia
social y de resentimiento contra los supuestos culpables de los males
nacionales: los partidos y políticos del “puntofijismo”, de la nefasta IV
República, aunado al apoyo que tuvo en la mayoría de los medios de
comunicación social audiovisuales, radiales y escritos, el discurso
apocalíptico e inquisitivo del nuevo “salvador de la patria”: Hugo
Chávez Frías, así como el insólito silencio de la dirigencia política para
defender los logros tangibles de la democracia, dio resultado.
Por esas ironías de la historia, con el rechazo de
gran parte de la población a los partidos políticos y a los políticos, y el
triunfo de la Antipolítica en las elecciones de 1998, es decir, del militarismo
autoritario, en estos 15 años (1999-2014), el caudillismo, el
clientelismo, el centralismo y la corrupción han llegado a extremos inauditos.
Un importante medio para la historia del periodismo
escrito del país, emblema de la prensa libre y defensora de la democracia y las
libertades, se hizo eco por medio de articulistas habituales (“notables”)
y algunos periodistas, del discurso anti partido, y por ende, favorable a la
antipolítica que caracterizó los años finales de la década de los 90. Se
exageró la corrupción de los gobiernos de la democracia de partidos, tildándose
de corruptos a los políticos, la típica y perversa generalización, cuando
en verdad en la etapa de los 40 años de la alternancia democrática (1959-98),
hubo “casos de corrupción”, mientras que en los 15 años del
neoautoritarismo de vocación totalitaria, o régimen castro-chavista y
castro-madurista, la corrupción es el
sistema.
Cuando se denuncian hechos de corrupción en los
medios de comunicación social, pues es inútil hacerlo por ante los organismos
públicos que supuestamente por ley están en el “deber institucional” de
conocer y sustanciar tales denuncias, los denunciantes no alcanzan comprender
una verdad irrefutable: no se trata de que en el “sistema político y social”
exista el flagelo de la corrupción, sino que la “corrupción” es el sistema. Ya
no puede hablarse, como en el pasado, de casos de corrupción, pues las
conductas humanas que configuran ese fenómeno o hecho social se han extendido y
profundizado como un cáncer cuya metástasis está destruyendo los cimientos
mismos de la vida y el orden social.
Los especialistas en ciencias políticas, sociales y
jurídicas tal vez carezcan de las categorías teóricas y la metodología para
comprender este tipo de régimen de poder, que no político, que podríamos
denominar como “Corruptocracia”, y que en el caso de este país “en
vías de extinción”, tiene como emblema a los ya olvidados (la cortísima
memoria colectiva) contenedores de comida “podrida” importada por el
también emblemático organismo estatal “Pudreval”, así calificado, por
el espontáneo humor criollo como medio de defensa contra la impotencia y la
desesperanza.
¿Aprenderemos de esta nefasta experiencia?
………………………………………………..
Referencias:
[1] En 1945 ante la negativa del gobierno de Isaías
Medina de establecer el sistema de elecciones universales, directas y secretas,
sin ningún tipo de exclusiones, para la designación del Presidente de la
República, Rómulo Betancourt y su partido AD protagonizan el golpe de Estado
cívico- militar del 18 octubre (conjuntamente con los oficiales del Ejército
Pérez Jiménez, Llovera Páez y Delgado Chalbaud) para instaurar un gobierno de
transición que lograra la adopción de una nueva Constitución (la de 1947) que
estableciese el mencionado sistema electoral. Un día después del derrocamiento
de Medina, el 19 de octubre, Rómulo Betancourt es designado Presidente
provisional de la Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por civiles y
militares. Ese gobierno provisional se propuso, entre otros objetivos, convocar
a una Asamblea Constituyente, previa consulta electoral, con la finalidad de
elaborar y sancionar una nueva Constitución que garantizase el derecho al voto
libre, directo, universal y secreto a todos los ciudadanos venezolanos -hombres
y mujeres-, mayores de 18 años para la elección del Presidente y miembros del
Congreso. Ese primer período de gobierno finalizó el 15 de febrero de 1948 con
la elección como Presidente de la República del notable educador, escritor y
novelista Rómulo Gallegos, conforme a lo establecido en la Constitución de
1947, sancionada por la Asamblea Constituyente antes mencionada. Asimismo, una
de las banderas reivindicativas del gobierno provisional fue la lucha contra la
corrupción administrativa a cuyo fin se creo el Tribunal de Responsabilidad
Civil y Administrativa. Asimismo, cabe destacar el abaratamiento del costo de
la vida, el cambio de la política petrolífera con el aumento de impuestos a las
compañías extranjeras, la reforma agraria y educacional, el ejercicio pleno de
la libertad de expresión y pensamiento, la libertad de función plena a los
partidos políticos y sindicatos organizados, la abolición del reclutamiento
forzoso para el servicio militar y el rompimiento de relaciones con gobiernos
no-democráticos. Gallegos sólo permanecería en el poder hasta el 24 de
noviembre de 1948 cuando se produjo un golpe de Estado militar comandado por su
Ministro de la Defensa Carlos Delgado Chalbaud. En 1958 Betancourt regresa al
país una vez derrocada la dictadura militar. En noviembre de ese año anuncia su
candidatura a la Presidencia de la República con el apoyo de Acción
Democrática, el 7 de diciembre es electo Presidente con más del 49% de los
votos. Su segundo gobierno se caracterizó por una apertura a la estabilización de
la democracia venezolana, la promulgación de una nueva Constitución (1961), la
reforma agraria, el desarrollo de la industria petrolera en Venezuela con su
adhesión a la OPEP, una importante inversión en el sector educativo y el cese
de relaciones con gobiernos ilegítimos o dictatoriales del mundo (Doctrina
Betancourt adoptada por la OEA: expulsión de Cuba de su seno en 1962). De la
misma manera, tuvo que enfrentar ataques internos y externos de guerrillas,
huelgas laborales, intentonas golpistas y un intento de magnicidio financiado
por Rafael Leonidas Trujillo, dictador de la República Dominicana.
[2] Caldera en su segundo gobierno (1994-99) gobernó con una alianza de partidos popularmente denominada el “chiripero” (Convergencia, organización creada por el propio Caldera al separase de COPEI y disputarle la Presidencia de la República a uno de sus delfines, Oswaldo Alvarez Paz; el Movimiento al Socialismo [MAS]; el Movimiento Electoral del Pueblo [MEP], el Partido Comunista de Venezuela [PCV), el grupo de los notables, algunos de los cuales habían formado parte de la conjura contra Carlos Andrés Pérez). AD indirectamente apoyó a Caldera por intermedio de su Secretario General Jesús Alfaro quien controló el Ministerio de Hacienda al ser designado uno de sus protegidos, Matos Azócar, como titular de ese Despacho.
[3]Hay que recordar que Pérez restituyó las garantías económicas que fueron suspendidas desde la propia promulgación de la Constitución de 1961 para permitirle a los sucesivos gobiernos intervenir discrecionalmente en el ámbito económico. Al restituirse esas garantías se sancionó una magnífica Ley, la Ley de Protección y Promoción de la Libre Competencia, instrumento que tenía como objetivo fundamental sancionar las prácticas lesivas de la libre competencia, tales como los monopolios, los oligopolios, el abuso de la posición dominante, la cartelización de precios, etc. No pocos “empresarios” se opusieron a esa ley por la amenaza que representaba la erradicación de esas prácticas que les habían permitido controlar, con la anuencia de ministros de la economía, sectores del mercado, aparte de que la política de Pérez implementada por el equipo de brillantes economistas de su Gabinete Económico significaba el fin del proteccionismo gubernamental a determinados grupos empresariales.
[4] Plinio Apuleyo Mendoza. ¿En qué momento se jodió Colombia? Ediciones Oveja Negra. Colombia, 2000.
[2] Caldera en su segundo gobierno (1994-99) gobernó con una alianza de partidos popularmente denominada el “chiripero” (Convergencia, organización creada por el propio Caldera al separase de COPEI y disputarle la Presidencia de la República a uno de sus delfines, Oswaldo Alvarez Paz; el Movimiento al Socialismo [MAS]; el Movimiento Electoral del Pueblo [MEP], el Partido Comunista de Venezuela [PCV), el grupo de los notables, algunos de los cuales habían formado parte de la conjura contra Carlos Andrés Pérez). AD indirectamente apoyó a Caldera por intermedio de su Secretario General Jesús Alfaro quien controló el Ministerio de Hacienda al ser designado uno de sus protegidos, Matos Azócar, como titular de ese Despacho.
[3]Hay que recordar que Pérez restituyó las garantías económicas que fueron suspendidas desde la propia promulgación de la Constitución de 1961 para permitirle a los sucesivos gobiernos intervenir discrecionalmente en el ámbito económico. Al restituirse esas garantías se sancionó una magnífica Ley, la Ley de Protección y Promoción de la Libre Competencia, instrumento que tenía como objetivo fundamental sancionar las prácticas lesivas de la libre competencia, tales como los monopolios, los oligopolios, el abuso de la posición dominante, la cartelización de precios, etc. No pocos “empresarios” se opusieron a esa ley por la amenaza que representaba la erradicación de esas prácticas que les habían permitido controlar, con la anuencia de ministros de la economía, sectores del mercado, aparte de que la política de Pérez implementada por el equipo de brillantes economistas de su Gabinete Económico significaba el fin del proteccionismo gubernamental a determinados grupos empresariales.
[4] Plinio Apuleyo Mendoza. ¿En qué momento se jodió Colombia? Ediciones Oveja Negra. Colombia, 2000.
Henrique
Meier |
Director del Área de Estudios Jurídicos y Políticos del Decanato de Estudios de
Postgrado de la Universidad Metropolitana.
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